UNER: profesores en defensa de los derechos de la niña violada

Profesores y Profesoras de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), nos pronunciamos a favor de que los médicos, el juez y nuestros funcionarios entrerrianos, cumplan sin más dilaciones con lo que establece el artículo 86
del Código Penal que obliga al Estado a realizar la interrupción del embarazo si proviene de una violación. Tal como lo señala el INADI, consideramos que no debió recurrirse a la Justicia puesto que la normativa es clara respecto a lo que debe hacerse ante situaciones de abuso sexual. En este sentido manifestamos nuestra adhesión al comunicado de diferentes organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

En nuestra condición de docentes que formamos parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), consideramos urgente que se garantice el cumplimiento de los derechos de la niña de 11 años violada y respeten la decisión de la madre de la menor que solicita la interrupción de la gestación.

En este sentido, instamos a nuestros representantes así como a los profesionales de la salud y de la justicia a actuar de acuerdo a las normativas y en defensa de lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En la misma se obliga al Estado a garantizar el derecho de los niños de ser protegidos contra toda forma de abuso físico y
mental en sus artículos 19,32, 34, 35 y 39 y el derecho a la salud en su artículo 24.

Instamos a que las declaraciones públicas de nuestros representantes estén acordes a lo que establecen las diferentes normativas y apuesten a no profundizar la grave situación que atraviesa la menor y su familia. En nuestro país, en situaciones de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el Estado de Derecho puede intervenir para reparar el daño sufrido, respetando siempre la decisión de la madre de la menor.

En adhesión al comunicado de diferentes organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así como lo expuesto por el INADI, exigimos a la Justicia provincial y, en particular, a los tribunales de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto en el caso de no punible.

El artículo 86 del Código Penal argentino obliga al Estado a realizar la interrupción del embarazo si “proviene de una violación”, por ello reclamamos su inmediato cumplimiento en los efectores de salud pública. El Estado entrerriano debe garantizar los derechos de la niña de 11 años -en toda su extensión y sin dilaciones- y respetar la decisión de su madre, que solicita la interrupción del embarazo producto de un abuso. Además, deben seguirse los procesos judiciales correspondientes para sancionar al responsable del delito cometido contra la integridad sexual de la menor.

En ese marco, demandamos que se cumpla con la legislación vigente y se preserve a la niña. Eso incluye la no divulgación de datos sobre la menor y la situación que atraviesa.

Tanto el Código Penal, como el Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles -recientemente normatizadas por el Ministerio de Salud de la Nación- establecen criterios claros para la intervención médica en casos de embarazos no punibles, razón lo cual estamos claramente en presencia de una negación en primera instancia de un derecho por parte de quienes deben constituirse en un reaseguro de los mismos.

Ante un delito contra la integridad sexual, el Código Penal obliga al Estado a realizar la interrupción del embarazo. En su artículo 86, establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para
el aborto”.

Mientras que en el artículo 119 prevé que “será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo, cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

La criminalización del aborto y los obstáculos al acceso a intervenciones seguras constituyen una violación de los derechos humanos de las mujeres.

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir

Roberto Andrada – Jesuana Aizcorbe -Sandra Arito- Luciana Basso – Graciela Beutel-Amanda E. Blaser – Aixa Boeykens- Andrés Borgetto- Oscar E Bosetti- Pilar Britos- Bárbara Correa- Claudia E. Dachary- Marcelo D´Amico- Nora Das Biaggio – Diego Dumé- Ana Helena Echegaray- Diego Fainstein- Fortunato Galizzi- Alicia Genolet- María Deidamia Gómez- Ignacio González Lowy- María Laura Gutiérrez- Virginia Kummer- Luis Lafferriere – Carmen Inés Lera- María Elena Lothringer- Sonia Luquez – Lea Lvovich- Analía Diana Matas- María Amelia Migueles- María Lucrecia Pérez Campos- Marcela Reynoso- Elena Riegelhaupt- Sebatián Rigotti- Rossi Esteban- Monica Sforza- Carmen Tibaldi- Mario Daniel Villagra- Zunilda Mafalda Ulla-

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