Tras la ampliación de derechos civiles implícita en la sanción de la ley de educación sexual, la ley de protección integral de las mujeres y la ley de matrimonio civil para gays y lesbianas – sancionada el 15 de julio pasado–, se diría coherente un impulso a la legalización del aborto.

Los fundamentalismos religiosos, tras haber perdido la batalla del matrimonio igualitario, afilan sus armas para una lucha mucho más importante para sus criterios. Al tiempo que se multiplican en la sociedad los indicios de una apertura cada vez mayor de la opinión pública a la despenalización del aborto. Es el turno de los legisladores.

Marta Vassallo*

Acababa de sancionarse la ley sobre matrimonio civil igualitario cuando dentro del Ministerio de Salud de la Nación estallaron las contradicciones en torno de la legislación sobre aborto. El 21 de julio, el ministro de Salud Juan Manzur salió a desmentir la información difundida en los medios de comunicación el día anterior sobre su firma de la resolución ministerial 1184, avalando la Guía técnica de atención post-aborto. Desautorizaba así a la coordinadora del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro.

Sin embargo, el 13 de julio anterior, al presentar el 6º informe oficial periódico de Argentina en la sesión 46 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la directora del Consejo Nacional de las Mujeres Lidia Mondelo leía: “ respecto de los abortos no punibles se elaboró y actualizó la guía de atención integral para
casos de aborto no punible
, aprobada por resolución ministerial 1184/2010 el 12 de julio…” . El ministro desmintió la firma… pero no anuló la Guía.

La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (1) es un protocolo de atención en los hospitales públicos a las mujeres que acuden con las consecuencias de un aborto séptico, y fue una de las últimas iniciativas del ministro de Salud de la gestión presidencial anterior, Ginés González García. Garantiza la práctica de abortos en los casos en que no es punible (riesgo para la vida de la madre, riesgo para su salud, embarazo consecuencia de violación, atentado al pudor de una mujer discapacitada) sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, y se implementa hasta el momento en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Fe.

Los titulares del diario La Nación (Buenos Aires) del 21 de julio, “ Polémica ampliación del aborto legal” y “ Expertos opinan que es una legalización del aborto” , son falaces. La Guía no modifica la Ley, sino que incorpora los avances en jurisprudencia que se aceleraron bajo la gestión de González García: la noción de salud ya no es la de 1921, de cuando data el artículo 86 del Código Penal que establece las causas de no punibilidad del aborto, sino la de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “ La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades” ; la violación, es toda violación, no solamente la de “ una mujer idiota o demente” ; basta con la declaración de la mujer que demanda el aborto, pues si hubiera que esperar el desarrollo de un proceso judicial se desbordaría ampliamente el lapso en que es posible un aborto; además siendo la violación un delito de instancia privada, para la persona violada la denuncia es una opción, no una obligación.

Tampoco se trata de una legalización del aborto, que sigue en el Código Penal, sino que se trata de establecer con claridad (dada la reticencia de los médicos a cumplir con la norma) las excepciones en que el aborto no es punible. Así, la Guía instruye a los médicos sobre el tratamiento correcto y humano hacia las pacientes, que son “ castigadas” por su intento de abortar con legrados hechos sin anestesia, cuando no son objeto de denuncia ante la policía.

Tras la presunta polémica entre el ministro Manzur y Ferro (que no ha sido removida de su cargo), la falacia mediática apunta ahora a lo que realmente está en juego: un debate en el Congreso sobre la legalización de aborto.

La sociedad en movimiento

Durante el año 2010 se presentaron en el Congreso dos proyectos de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uno es de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que había sido presentado en mayo de 2007, perdió estado parlamentario en febrero de 2010 y fue presentado nuevamente en marzo, esta vez con la firma de 50 diputados de todos los bloques partidarios; el otro es del bloque Nuevo Encuentro. El proyecto de la Campaña fija en 12
semanas el lapso en que se puede realizar un aborto por libre decisión de la mujer; el plazo se extiende hasta las 22 semanas si se trata de un embarazo resultante de una violación, si hay malformaciones del feto que hacen inviable su vida extrauterina, o si hay riesgo para la vida o salud de la madre. El de Nuevo Encuentro fija en 14 semanas –como la ley de aborto aprobada en España– el período en que el aborto sería legal. Ambos sustraen el aborto del Código Penal,
salvo cuando se trata de un aborto realizado contra la voluntad de la gestante. La comisión de Legislación Penal, presidida por Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, se comprometió a tratar los proyectos antes de fin de año.
Los posicionamientos ante estos proyectos de ley no siguen líneas claramente partidarias; se trata de un voto transversal, como el que se dio a propósito de la extensión de matrimonio civil a parejas del mismo sexo. En los bloques de derecha (PRO, Peronismo Federal) los apoyos son excepcionales, mientras que en el interbloque de centro izquierda (Nuevo Encuentro,

Proyecto Sur, GEN, Partido Socialista) el apoyo es unánime. Por su parte, los grandes bloques (radicalismo y el peronismo del Frente para la Victoria) se presentan divididos. Sin duda, el posicionamiento contrario al aborto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pesa en las contradicciones del FpV.

Mientras tanto, en el Senado, ingresaron proyectos referidos a los casos de aborto no punible: el de Elena Corregido (FpV) establece como causales de no punibilidad del aborto los casos de riesgo para la vida o salud de la madre, el embarazo consecuencia de violación y el caso en que el feto tenga malformaciones que harán inviable su vida fuera del útero. El de Adriana Bortolozzi (FpV) establece que cualquier caso de violación es causal de aborto no punible; el de Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saa (Peronismo Federal) limita a los casos de riesgo para la vida y salud de la madre las causales de no punibilidad. El peligro es que el Senado se limite en el mejor de los casos a una interpretación actualizada de los casos de no punibilidad del aborto, y dé por resuelta la cuestión del aborto sin tratar los proyectos de legalización.

Pero en los últimos meses se sucedieron significativos apoyos institucionales al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo: las Universidades Nacionales de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Comahue, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, así como Amnistía Internacional, la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, declararon su apoyo a la legalización del aborto. El último 11 de agosto el espacio Carta Abierta organizó un panel en el que se destacaron las argumentaciones del filósofo Ricardo Forster, del titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Claudio Morgado, de la jueza Carmen Argibay, entre otros, a favor del derecho de las mujeres a decidir un aborto.

El 28 de septiembre, día de la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, por iniciativa de la agrupación Juana Azurduy, de Libres del Sur, alrededor de 1.600 mujeres presentaron ante sedes judiciales de 14 provincias habeas corpus preventivos para que se declare inconstitucional la criminalización del aborto.

El 30 de julio de 2009 la agrupación Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto abrió la Línea “ Aborto: más información, menos riesgos” , un teléfono celular –(011) 15 66647070– donde se informa sobre cómo usar el misoprostol como método farmacológico para abortar. El misoprostol se vende bajo receta como protector gástrico; su uso para abortar es ilegal, lo que ha creado un mercado negro en el que las pastillas son mucho más caras y conseguirlas en cantidad suficiente lleva mucho más tiempo. Y lo que es peor, no siempre se instruye correctamente a las compradoras sobre cómo usar esas pastillas.

En los primeros días de octubre de 2010, la misma agrupación unida a la Editorial El Colectivo presentó un libro virtual: Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, que se descarga gratis de internet. En poco más de 140 páginas, de manera clara y didáctica, se proporciona información sobre aborto con misoprostol, recogiendo la experiencia de la línea telefónica, teniendo en cuenta las dudas y preguntas más frecuentes, y las situaciones planteadas por las mujeres que llaman para consultar.

En un marco legal, la difusión del aborto farmacológico debiera reducir las muertes por aborto. Es lo que ha sucedido en Uruguay, donde el ex presidente Tabaré Vázquez vetó los artículos de la recientemente reglamentada Ley de Salud Sexual y Reproductiva que habilitaban el aborto por voluntad de la mujer, pero donde los médicos en los hospitales instruyen sobre métodos abortivos seguros, incluidos los farmacológicos, y la mortalidad materna por aborto séptico se redujo a cero en 2009.

Feto y persona

La principal y más férrea oposición al aborto, no importa en qué circunstancias, proviene de la jerarquía de la Iglesia Católica. Desde el pontificado de Juan Pablo II el Vaticano ha asimilado el aborto al genocidio, y lo presenta como la máxima manifestación de la denominada “ cultura de la muerte” . La argumentación principal es que desde el momento de la concepción el ser concebido es una persona, la más indefensa. El recurso favorito de los grupos llamados “ pro vida” es la acusación de “ asesinos” tanto a las gestantes que abortan como a quienes apoyan la legalización del aborto, y la exhibición de afiches espeluznantes para ilustrar la destrucción del feto en el momento del aborto, tal como sucedió en Paraná, Entre Ríos, el pasado mes de octubre con motivo del desarrollo del XXV Encuentro Nacional de Mujeres. Las imágenes de esos afiches están falseadas, dado que los fetos que se muestran se parecen a un niño recién nacido y no responden al grado de evolución de un embrión de hasta 12 semanas. La biología no puede responder de manera unívoca a la pregunta de cuándo el ser humano vivo empieza a ser una persona, la respuesta es siempre cultural y política. Pero es indudable el impacto que se logra refiriéndose exclusivamente a la vida del feto en una cultura donde la mujer está asimilada a la madre, donde la maternidad es sacrificial, y en ella las mujeres han encontrado su rol principal.

Para la OMS la persona empieza después del tercer mes a partir de la fecundación, cuando el desarrollo del sistema nervioso central da lugar a sensaciones, a alguna forma de conciencia. Sin embargo, para negar la posibilidad de la legalización del aborto en Argentina se suele aducir el derecho a la vida consagrado en el Artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En contraposición, en el seminario “ El derecho al aborto: una deuda de la democracia” , organizado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en la sede del Senado de la Nación, el pasado 30 de septiembre, Álvaro Herrero, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), propuso: “ el derecho constitucional a la autonomía y el carácter incremental del valor jurídico de la persona humana son las premisas del carácter constitucional del derecho al aborto” . Esto es, el acceso a la condición de persona es gradual desde el momento de la concepción hasta etapas ulteriores de la vida humana. “ La protección incremental de la vida debe compatibilizarse con otros derechos: autonomía, vida libre de violencia, salud, igualdad…” , argumentó en el mismo espacio Víctor Abramovich, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para concluir: “ No sólo no hay impedimentos constitucionales para avanzar, sino que actualmente la penalización del aborto temprano en Argentina entra en contradicción con los parámetros constitucionales” .

Ante la presunta preocupación por “ el niño” que ostentan los fundamentalismos religiosos, la antropóloga Rita Segato, después de apuntar que las culturas indígenas del Amazonas, por ejemplo, siempre aplicaron el principio de la defensa de las vidas ya nacidas frente al derecho a la vida concebido como absoluto, recordó que la oposición al aborto busca el control de las mujeres, no la protección de los niños: “ El cuerpo de las mujeres es el último bastión de patrimonio territorial, el último reducto de dominación para Estados, iglesias y otras instituciones… No son razones doctrinales, ni teológicas ni morales, son razones de poder y de exhibición de poder…” .

Un problema de salud pública

Pero hay otro núcleo de oposición más oculto, y nada espiritual: el negocio del aborto clandestino, consolidado a través de décadas de doble discurso y de doble moral. Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto calculan en un informe en 300 millones de dólares anuales la recaudación en los circuitos clandestinos, donde un aborto quirúrgico seguro se cobra entre 2.000 y 5.000 pesos. Los métodos inseguros, a los que recurren quienes por razones económicas no tienen acceso a los otros, abultan las cifras de lesiones graves y muertes por abortos sépticos: se calcula que entre 1984 y 2008 murieron 2.578 mujeres por complicaciones debidas a abortos sépticos; en 2007 se registraron 60.000 hospitalizaciones de mujeres pobres por esa razón; 336 de ellas murieron.

Argentina ostenta una tasa de mortalidad materna desproporcionadamente alta para sus indicadores de desarrollo: un promedio nacional de 40 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos; la primera causa de muerte materna son las complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Tiene además una alta tasa de abortos incluso en relación con la región: se calcula que el 40% de embarazos terminan en un aborto, y que hay 600.000 abortos anuales. Uno de los
principales motivos de tan alto porcentaje de embarazos no deseados es cualitativo: la falta de autonomía de las mujeres para pactar las condiciones de sus relaciones con los varones. Estas cifras fundan el énfasis que ponen las campañas a favor de la despenalización y legalización del aborto en su carácter de problema de salud pública, dejando en segundo plano la defensa del derecho de decisión de la gestante, en una concesión al machismo vigente.

Las últimas encuestas registran un notable incremento de la opinión pública a favor del derecho al aborto. En el mes de julio, una encuesta de la consultora Mora y Araujo arrojó un 44% de encuestados a favor de la legalización de aborto, un 24% a favor de la no punibilidad en ciertos casos, y un 25% a favor de la penalización. En el mismo mes una encuesta de Ibarómetro resultaba en que el 60% de los encuestados se oponía a que la mujer que aborta sea condenada,
aun cuando no estuvieran de acuerdo con la práctica del aborto, un 58% apoyó la idea de que la mujer tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y un 30% le negó ese derecho.

La actual gestión presidencial se ha caracterizado por una ampliación de derechos civiles a través de diversas medidas; pero en cuanto al aborto, se inscribe en la persistencia de la negativa a este derecho de las mujeres que caracteriza a otros gobiernos de matriz popular de la región: Rafael Correa en Ecuador, Tabaré Vázquez en Uruguay; el gobierno de Lula da Silva en Brasil, el de Hugo Chávez en Venezuela; el de Daniel Ortega en Nicaragua; el de Lionel Fernández en
República Dominicana; el de Mauricio Funes en El Salvador; el de Evo Morales en Bolivia. En cambio los gobiernos de Brasil, Dominicana, El Salvador y Nicaragua tomaron algunas medidas favorables a los reclamos de gays y lesbianas, indicando una bifurcación entre las políticas de derechos reproductivos y de lo que se entiende por “ diversidad sexual” .

Uno de los factores que melló la performance de la candidata del, del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Roussef en las elecciones presidenciales brasileñas del 3 de octubre, fue que una alianza de organizaciones católicas y evangélicas lanzó una campaña en su contra debido al tradicional apoyo del PT al derecho al aborto. Para asegurarse en la segunda vuelta los votos de la ecologista Marina Da Silva, vinculada a los pentecostales, Rousseff se comprometió
a no descriminalizar el aborto y a no legalizar el matrimonio homosexual. Datos negativos para la Argentina, donde activistas y legisladores discuten si en el año electoral de 2011 una posición favorable al aborto le quita o le suma votos a un candidato.

*Periodista.

Fuente: Le Monde diplomatique edición Cono Sur, Año XII, nº 137, noviembre de 2010

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