Tucumán: La ILE ya es derecho!!

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir – Regional Tucumán manifestamos nuestro más enérgico repudio al accionar llevado adelante por el Ministerio de Salud Pública y por el Poder Judicial de Tucumán. De modo sistematico violan los derechos humanos –a la salud, a la intimidad, a la vida – de las personas con capacidad de gestar. En esta oportunidad obstaculizan el acceso a la interrupcion legal del embarazo de una niña de 11 años embarazada producto de una violación, forzandola ilegalmente a una maternidad infantil forzada.

Repudiamos los actos realizados por la fiscal Giannoni. Su accionar resulta violatorio del derecho a la salud de la niña y atenta contra todas las garantías constitucionales y subrayadas en el fallo FAL. Su único rol debiera ser investigar y condenar la violación de la que la niña fue víctima.

De igual modo, nos resultan alarmantes las dilaciones que están operándose desde el sistema de salud y denunciamos las presiones que reciben lxs profesionales de la salud que buscamos garantizar las prestaciones médicas lícitas y descriptas en Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Hacer transcurrir innecesariamente por espacios judiciales a una víctima de violencia sexual, dilatar y obstaculizar los procedimientos de atención sanitaria con requisitos no exigidos por la ley, resulta re-victimizante y es generador de nuevas agresiones a la niña y a su familia, atentando no sólo contra su derecho a la salud, sino contra su integridad física y su dignidad.

Obligar a una niña a llevar adelante un embarazo es considerado tortura por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esto se agrava por la connivencia del Estado con los sectores antiderechos que en vez de proteger la infancia, la empujan a una maternidad forzada y atentan contra su vida.

El poder ejecutivo desde el Gobernador Manzur hasta la presidente del SIPROSA Rossana Chahla en su rol de Ministra de Salud, son responsables de garantizar la interrupción legal del embarazo sin obstáculos. Lxs trabajadorxs de la salud tienen la obligación de asegurar la confidencialidad y la adecuada información médica para que las personas puedan decidir con autonomía. A nuestrxs colegxs, compañerxs también estamos para ustedes. Cuenten con nosotrxs porque nuestro trabajo es el derecho de muchas personas.

Repudiamos la inacción y trabas burocráticas puestas por el ministerio de Salud de la Provincia.
Exigimos que se cumplan las leyes  y los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo.
Exigimos renuncia de todos aquellxs funcionarixs que obstaculizan el derecho a la ILE a todas las personas con capacidad de gestar.
Basta de violencia institucional.
¡ILE ya es derecho!
La maternidad infantil forzada es tortura.
Garantizar Derechos es Salud
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