Se presentó la denuncia contra Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Foto: Pamela Rossio

Legisladores/as  de la Ciudad de Buenos Aires y comuneros con pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron ayer la denuncia presentada ante la Cámara del Crimen.

El jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue demandado penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público y por revelar un secreto (contemplado en el artículo 157 del Código Penal), al haber dado a conocer, durante una cena empresarial, detalles del aborto no punible que estaba previsto realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía. En tanto, la mujer víctima de trata presentó una apelación contra la resolución de la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, mientras que el macrismo aún no apeló el fallo que suspendió la práctica médica, como lo anunció ayer la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal.

La presentación judicial fue realizada ante la Cámara del Crimen por los legisladores Laura García Tuñón, María Elena Naddeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti, Alejandro Bodart y Francisco Nenna, la titular de CTERA, Estela Maldonado, la exdiputada Cecilia Merchán y representantes de las comunas.

Naddeo explicó que la denuncia se realizó «por incumplimiento de la ley 1845 de la Ciudad que resguarda los datos de pacientes que se atienden en el sistema de salud». Asimismo, precisó que «el Código Penal tiene dos artículos que establecen que los funcionarios deben guardar confidencialidad frente a una acción que puedan causar daños a las personas involucradas en cualquier expediente, y ante la ley de violencia de género que plantea el derecho a una salud sexual y reproductiva».

La legisladora porteña recordó que «lo que hizo Macri fue dar datos que son confidenciales, lo que generó que grupos fundamentalistas presentaron el recurso de amparo para que no se realice el aborto no punible».

Esa intervención debía realizarse el martes en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, pero la jueza Myriam Rustán de Estrada hizo lugar a un recurso de amparo presentado por una organización ultracatólica. Por eso, la mujer, víctima de una red de trata que resultó embarazada durante su cautiverio, se presentó ante la Cámara de apelaciones para obtener una autorización para la práctica quirúrgica. La prohibición del aborto dictada por la jueza Rustán de Estrada sólo fue apelada por la paciente.

Según fuentes judiciales, la medida de la paciente es la única presentada hasta el momento, e indicaron que no hubo recurso alguno ingresado por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese al anuncio formulado ayer por la gestión PRO.

Fuente: Página 12

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