“Un problema de salud pública”

Por Mariana Carbajal

“El aborto es un problema de salud pública, no del Derecho Penal. Pero los jueces se remiten al Código Penal, por eso me pareció conveniente plantear esta reforma para que no haya más dudas”, indicó a PáginaI12 la diputada César.

Según confió a este diario, varios compañeros de bancada del Frente para la Victoria la alentaron a presentarlo –más allá de los dos que firman la iniciativa–, para que el tema se discuta. De todas formas, es probable que haya resistencias entre integrantes del bloque oficialista a votarlo. Del mismo modo, encontrará adhesiones y cuestionamientos en la oposición. Legisladores y legisladoras del kirchnerismo, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, han apoyado el proyecto de despenalización hasta las 12 semanas de gestación promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se presentó en 2007 y aún no empezó a tratarse en ninguna comisión (ver aparte).
–¿Con la reforma propuesta cree que se van a dejar de obstaculizar los abortos no punibles? –le preguntó este diario a la diputada Di Tulio, firmante también del proyecto.
–No hay posibilidad de otra interpretación que la que indica el texto propuesto.
–¿Reafirma lo ya previsto en el Código Penal en cuanto a la violación o amplia sus alcances?
–Para mí siempre estuvo contemplada la no punibilidad para todos los casos de violación, porque fue la intención de los legisladores al momento de redactar el Código Penal, pero estoy repodrida de que los jueces hagan cualquier cosa: con esta reforma se va a evitar la judicialización, no se exigirá denuncia, ningún comité de bioética se deberá expedir, se tendrá que interpretar el riesgo en la salud de la mujer siguiendo la definición de la OMS y si hay un médico que se niega a practicar el aborto será responsable el director del hospital: el problema será suyo.

Los fundamentos del proyecto

El proyecto de reforma al Código Penal destaca que hay lecturas restringidas del artículo 86 inciso 2º que limitan el aborto no punible para los casos de atentado al pudor a una mujer con discapacidad mental. “Quienes defendemos la lectura amplia –aquella que entiende que abarca a todas las mujeres– entendemos que hay una defectuosa redacción en el artículo”, apuntó César. En los fundamentos se hace un pormenorizado análisis de la redacción del inciso. “El cuerpo legislativo cometió errores en 1921. El artículo 86 fue copiado del anteproyecto de un código suizo de 1916, pero en la traducción no se colocó una coma después de la palabra ‘violación’. De manera que la redacción del inciso 2º debería haber sido la siguiente: ‘Si el embarazo proviene de una violación, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente’. En realidad la coma no es gramaticalmente necesaria, ya que la conjunción disyuntiva ‘o’ separa suficientemente los dos supuestos, y además, si fuera un solo supuesto no tendría sentido la frase final del inciso que dice ‘en este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto’. Y decimos que no tendría sentido porque cuando afirma ‘en este caso’ se está refiriendo a la segunda parte del inciso (dementes e idiotas), dejando claramente expuesto que hay ‘otro caso’ que es el del principio (violación a cualquier mujer sin esas calidades)”, argumenta César en los fundamentos de la iniciativa.
“Sin perjuicio de lo expuesto, claramente se conoce que una violación genera una afectación a la salud que difícilmente puede revertirse. Fácil es imaginar el agravamiento en la salud psíquica de la persona que, al sufrimiento generado por tan terrible agresión, debe agregarse el hecho de tener que llevar en su vientre a un hijo que no pudo elegir tener, y que fue producto de un encuentro sexual que tampoco eligió concretar. En definitiva, los abortos de embarazos producto de violación no son punibles por ambos incisos del art. 86 del Código Penal”, concluye César.

Proyecto de despenalización

“La muerte de casi cien mujeres por año, siempre sanas, jóvenes y pobres, como consecuencias de abortos inseguros es la violación de los derechos humanos de las mujeres más importante de la Argentina”, consideró la diputada socialista Silvia Augsburger. Su voz, como la de otras diputadas de distintos partidos, se escuchó el jueves en uno de los salones del Congreso, para renovar su apoyo al proyecto de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación que impulsa un colectivo de más de doscientas organizaciones de mujeres, sociales y de derechos humanos de todo el país agrupadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La reunión fue convocada para escuchar la conferencia de la destacada filósofa francesa Geneviève Fraise, ex diputada del Parlamento Europeo y ex delegada interministerial para los derechos de las mujeres en su país, y directora de Investigaciones del Centre Nacional de la Recherche Scientifique. Fraise vino al país por unos días y quedó horrorizada con los detalles del drama que enfrenta la niña de Mendoza a la que le negaron el aborto. Además de Augsburger, expresaron en ese ámbito su adhesión a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo las legisladoras Nélida Beluz, de Solidaridad e Igualdad y Juliana Di Tulio del Frente para la Victoria. “Es un acto de justicia, de justicia social, una deuda histórica porque hace a un país mucho más justo para las mujeres y para los varones también”, señaló Di Tulio, al explicar los motivos por los que apoya la iniciativa. El proyecto se presentó en 2007 y todavía no se empezó a tratar en la Cámara de Diputados. Tiene la firma de más de veinte diputados. Entre ellos, el kirchnerista Juan Héctor Sylvestre Begnis, la socialista Laura Sesma, Marcela Rodríguez y Fernanda Gil Lozano de la Coalición Cívica, Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, Delia Bisutti y Leonardo Gorbacz de Solidaridad e Igualdad y Silvia Storni de la UCR.
Nota : nuestro proyecto es de despenalización-.legalización. y todas las diputadas presentes se pronunciaron. Ver mail anterior. Elsa
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EL CASO DE UNA ADOLESCENTE CON DISCAPACIDAD

Una luz roja ignorada

El caso de una adolescente con discapacidad mental que fue violada por tres personas de su entorno familiar conmueve a Bahía Blanca. Renuncias en el Patronato donde estaba internada.
Por Mariana Carbajal
A pocos días de que en Mendoza un juez negara un aborto no punible a una nena de 12 embarazada en una violación por la que está detenido su padrastro, en Bahía Blanca se presenta otro caso, rodeado de escándalo: una adolescente de 18 años con discapacidad mental, que está institucionalizada en el Patronato de la Infancia de esa ciudad desde hace diez años, sufrió abusos sexuales y quedó embarazada durante una visita a familiares, a pesar de que desde el 24 de julio existía un informe de profesionales de la institución que habían alertado del riesgo al que se exponía a la muchacha. Ahora se espera que se le permita interrumpir la gestación.
El caso conmueve a la ciudad de Bahía Banca. El Patronato de la Infancia de Bahía Blanca es una ONG centenaria, que funciona con el viejo sistema de institucionalización de chicos y recibe –por su atención, cuidado y educación– dinero de becas de la provincia de Buenos Aires y también colaboración de empresas privadas. La negligencia que quedó al descubierto con el drama de la adolescente, generó el descabezamiento de la entidad: en los últimos días fue destituido su director, Antonio López; la vicedirectora, Susana Camblor; y parte del equipo técnico, entre ellos una asistente social y un psicólogo.
La jovencita declaró la última semana en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo de Eduardo Alberto Quirós, y señaló a tres personas de su entorno familiar como las autoras de los abusos. La habrían violado en reiteradas oportunidades durante las últimas vacaciones de invierno que pasó en la casa de sus parientes. Lo más dramático es que la muchacha, que tendría una edad mental de alrededor de 10 años, había alertado de que la manoseaban cada vez que los visitaba. Llevaría un embarazo de más de unas ocho semanas. La denuncia la presentó en la Comisaría de la Mujer la secretaria del Patronato, madrina de comunión de la muchacha, la abogada María Fernanda Petersen.
El director del Hospital Interzonal José Penna de Bahía Blanca, Alberto Taranto, dijo a la prensa local que no había recibido ningún pedido de aborto no punible, pero que si se lo pedían, no tendría ningún inconveniente en llevarlo adelante, dado que encuadra en las excepciones previstas en el Código Penal.
En el caso interviene el Tribunal de Menores. PáginaI12 intentó contactar a Petersen, pero en su estudio se informó el viernes que está fuera del país y regresaría hoy. De todas formas, en el estudio jurídico se confirmó que existe un pedido de aborto no punible en la Justicia. Desde la colectiva feminista Autoconvocatoria Mujeres pidieron a través de un comunicado de prensa que “no se retrase más el aborto”.
La agrupación dejó en claro que “repudiamos la situación planteada en torno de la abusada y solicitamos que no se permita un nuevo atropello a su subjetividad, como sería la negativa o, aun peor, la dilación –jamás inocente– de la interrupción del embarazo solicitada”. Mara López, de Autoconvocatoria de Mujeres, dijo a PáginaI12 que esperan que el aborto no punible no se trabe y se repita la historia de la niña mendocina.
No punibilidad para todos los casos de violación
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