La UNER adhirió al proyecto de despenalización del aborto

El Consejo Superior aprobó una resolución apoyada por representantes de siete de las nueve facultades que hay en la provincia de Entre Ríos.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) aprobó una resolución de adhesión a un proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto que tiene estado parlamentario y espera tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución fue aprobada por amplia mayoría en la última reunión del Consejo Superior, celebrada el 11 de julio pasado en Villaguay, y marcó el fin de un intenso debate que durante casi dos años se dio en el interior de la universidad respecto de un tema polémico que tiene que ver con las políticas públicas de salud.

De lo que se trata, en concreto, es de una adhesión a un proyecto de ley que promueve la interrupción voluntaria del embarazo, que ingresó por tercera vez al Congreso el 20 de marzo pasado, promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la firma de 57 diputados de distintos bloques. Pero la resolución también aconseja hacer pública la posición de la universidad y sugiere a las unidades académicas que realicen actividades informativas sobre el tema.

En diálogo con EL DIARIO, la docente Mónica Sforza, de la Facultad de Ciencias de la Educación, señaló que “seguramente el fallo en el que la Corte Suprema precisa los alcances del aborto no punible y que la Provincia haya presentado un protocolo de actuación para la atención de este tipo de casos aportaron a crear condiciones para que la universidad se saque la modorra y se abra a la discusión de un tema tan importante”.

De esta forma, la UNER se suma a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Cuyo, del Comahue, Mar del Plata, La Pampa, de la Patagonia y General Sarmiento, que en los últimos dos años han explicitado distintas manifestaciones de apoyo al tratamiento del proyecto o, más aún, a la despenalización del aborto.

DOS AÑOS. El debate surgió a partir de una iniciativa propiciada por las facultades de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social, a través de sus consejos directivos, tras el encuentro de mujeres que se desarrolló en Paraná en octubre de 2010. El objetivo era que la universidad, en tanto generadora de conocimientos y espacio crítico, se involucrara en un debate instalado en distintos sectores sociales de la Argentina. Para eso, ambas unidades académicas llevaron su propuesta al Consejo Superior y, al mismo tiempo, convocaron a foros y jornadas de discusión para tratar el tema.

“En el Consejo Superior se debatió mucho sobre si la universidad debía expedirse o no, porque hubo consejeros que decían que no debía hacerlo”, explicó Sforza. “Personalmente, creo que es un tema educativo y de interés público, por lo que la universidad debe ser un ámbito donde dar este tipo de debates”.

Ante esos resquemores surgidos en el Consejo Superior, la decisión fue girar una consulta para que cada una de las facultades se expidiera sobre el asunto y solicitar a ambas cámaras legislativas la remisión de los proyectos que existían sobre el tema.

Hubo debates internos, desacuerdos, algunos silencios institucionales y rechazos de dos facultades en pleno: Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación. Finalmente, este año, la Comisión de Interpretación y Reglamentos consideró que ya era tiempo de llevar el debate al plenario del Consejo Superior y por unanimidad elevó un dictamen proponiendo la adhesión al proyecto de ley titulado “Interrupción voluntaria del embarazo: régimen, despenalización del aborto”, que contaba con la firma de 57 diputados de casi todas las bancadas con representación legislativa.
Después de varias horas de debate, la resolución fue aprobada por amplia mayoría y con la adhesión de representantes de siete de las nueve unidades académicas.

El proyecto en discusión

El proyecto de ley que tiene actualmente estado parlamentario promueve que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional” y “a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud”.

La iniciativa prevé que más allá de las 12 semanas, solo se podrá interrumpir el embarazo “si fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; o si existieran malformaciones fetales graves”.

Este proyecto fue presentado en tres oportunidades en la Cámara de Diputados: el 28 de mayo de 2007 a través de las organizaciones integrantes de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”; luego en 2010 y nuevamente en 2012.

En las tres ocasiones llegó con la firma de legisladores de distintas bancadas y de todo el arco político, entre ellos los entrerrianos Jorge Chemes (UCR) y Lisandro Viale (Partido Socialista), pero también Remo Carlotto, Héctor Recalde, Martín Sabbatella, Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Claudio Lozano, Laura Alonso, Adriana Puiggrós, Alcira Argumedo, Ricardo Gil Lavedra y Fernando Solanas, por citar algunos. Sin embargo, nunca llegó a ser tratado en el recinto.

Juan Cruz Varela – Fuente El Diario

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