NORBERTO G. ASQUINI
LA ARENA
Los sectores más conservadores del PJ, con la venia del gobernador Jorge y el apoyo de la iglesia han cerrado cualquier intento de discutir modificaciones a la ley 2.394 en la Cámara. El Foro No al Veto juntó 2.000 firmas y prepara un debate público. La Secretaría de DDHH quedó al desnudo otra vez.

El debate por la ley vetada que reglamenta el aborto no punible en La Pampa, número 2.394, parece que quedó estancado en la Cámara. Si bien para cuando abra el año legislativo es uno de los temas más candentes que tienen entre manos los diputados de la provincia y en el que tendrán que tomar posición, ya sea por acción u omisión. En tanto, fuentes consultadas indicaron que el PJ ya habría cerrado la puerta a la discusión de cualquier modificación al veto impuesto por el gobernador Oscar Jorge a la ley votada en noviembre de 2007.
Mientras tanto, los integrantes del Foro No al Veto en su reclamo por que se vuelva a tratar lograron importantes adhesiones y hasta juntaron hasta hoy, y pese al receso de enero que les jugó en contra, unas 2.000 firmas en Santa Rosa y en el interior de la provincia –25 de Mayo, Jacinto Arauz, General Pico, Trenel, entre otras localidades–.

Entre las adhesiones conseguidas por el Foro se cuenta la de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, que dijo que se tenía que cumplir la ley, la del representante del INADI en La Pampa, Santiago Ferrigno, que adelantó que hay un dictamen de ese Instituto con respecto a la temática del aborto no punible, y de sectores involucrados en la temática de género como ATE. Por su parte, el bloque del Frepam en Diputados, aunque no tiene una postura unánime con respecto a la ley, recibió a los integrantes del Foro y prometió tratar el tema.

En el PJ.
La negativa a analizar la ley vetada –que volvió a la Comisión de Legislación Social de la Cámara después que Jorge le bajó el pulgar– parece que sería la posición del PJ. El temor es que a pesar del pedido de pronto despacho pedido por el autor de la ley, Adrián Peppino, los diputados oficialistas plantarían bandera y la “dejarían caer” cuando se cumplan los plazos legales para tratar la ley vetada que sería en los primeros días de abril.
A pesar de que las integrantes del Foro pidieron audiencia con el bloque del PJ en la Legislatura provincial, no les contestaron. Por ahora se presume que fue por el receso de enero que los tuvo ausentes de la Legislatura a muchos.
Otro reclamo para tener una reunión fue con la titular de la comisión, Sandra Fonseca, la diputada que hace punta en la posición contraria a la ley. Otro organismo que todavía no las recibió fue el Consejo Provincial de la Mujer, que debería expedirse en el tema género.
Entre los diputados del PJ, hay cuatro que renovaron sus cargos y que durante el mandato de Carlos Verna votaron a favor de la ley. Son Roberto Robledo, Patricia Lavín, Josefa Alegre y Jorge Feliú. Los cuatro esta vez no querrían ponerse en contra del gobernador.

Lucha desigual.
Las integrantes del Foro –Mujeres por la Solidaridad y el Instituto de Estudios de la Mujer de la UNLPam, entre otros sectores– no expresaron un reclamo de máxima en este tema. Afirman que si se debe corregir el texto, se podría hacer. Sólo quieren que se cumpla con lo que dice el Código Penal en los abortos terapéuticos, dejando para más adelante cualquier implicancia a la despenalización.

Pero el “núcleo duro” del peronismo gobernante en este tema no va a dar marcha atrás. El gobernador Jorge ya dio su opinión desfavorable. Vetó la ley en su momento por convicciones personales por un lado y para desactivar un conflicto con un sector de la iglesia que siempre ha sido funcional al justicialismo, por otro.
Ese “núcleo duro” del PJ forma parte de sectores políticos y religiosos tradicionalistas que tienen una matriz patriarcal de la sociedad. Estos últimos no sólo integrados por la iglesia católica sino, como se observó en la movilización al Centro Cívico en diciembre, de cultos evangélicos, que se oponen a cualquier discusión sobre el tema, una cuestión procedimental, afirmando que es una avanzada por la despenalización total del aborto.

Es una lucha desigual la que llevan contra estos los sectores “de avanzada” que han hecho punta en la reivindicación de género en la provincia, a pesar muchas veces de la pasividad del gobierno provincial en la temática. Los casos de violencia de género y la desaparición de Andrea López, vinculada a la trata de personas, tuvieron en estos sectores a sus aliados cuando el Estado estuvo ausente por voluntad o por omisión.
El Foro apuesta ahora a poner en la calle nuevamente en la calle el debate el 29 de febrero cuando realicen un encuentro público con la presencia del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la abogada experta en cuestiones de familia Nelly Minyersky, la médica María Alicia Gutiérrez y la abogada Silvia Juliá, de Católicas por el Derecho a Decidir. Allí se pondrá en discusión esta temática, que a pesar de las posturas encontradas, va generando conciencia en la gente de que es una problemática que no se puede ya ocultarla.

Al desnudo.
Por otra parte, integrantes de las organizaciones que se agruparon en el Foro demandaron una definición a la Secretaría de Derechos Humanos sobre esta cuestión. La posición de su titular, Rubén Funes, desnudó otra vez las limitaciones en la formación que en la materia tienen sus integrantes y el condicionamiento en su actuación y autonomía con respecto al gobernador. Por concepción y por lógica de gestión, la Secretaría es apenas un apéndice que sirve para filtrar los temas problemáticos al gobierno. Su postura en esta cuestión estuvo muy alejada a la sobreactuación que sus funcionarios demuestran en otros temas no encontrados para la política oficial.
Durante la reunión, su titular fue puesto entre la espada y la pared por el Foro y públicamente salió a hablar de un dictamen que ya tendría tomado de antemano. Y que el abogado de la Secretaría adelantó a las integrantes del Foro: lo que diga Jorge es ley.

Una actitud tomada a pesar de que el veto a la ley conduce a una violación de derechos de las mujeres. En este sentido, Human Rights Watch ha dicho que “cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está restringida queda amenazada una amplia gama de derechos humanos”.
El Estado, en el caso de la negativa al aborto, hablando de los casos puntuales establecidos en el Código Penal, estaría violando los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad personal, a una vida sin violencia, a la salud y a no sufrir discriminación. No lo dicen las integrantes del Foro, lo dicen tratados internacionales a los que adhirió la Argentina y a los que otorgó jerarquía constitucional
En este marco, las mujeres son titulares de estos derechos y el Estado tiene, desde entonces, la obligación de adecuar la legislación interna a sus obligaciones internacionales, según indican José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk de HRW.

La Pampa – Aborto no punible: tema caliente que espera en la Cámara
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