La Asesoría General Tutelar -organismo integrante del Ministerio Público, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- celebra el fallo dictado el día 13 de marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del expediente “A. F. s/medida autosatisfactiva”.

En una resolución histórica, la Corte sostuvo que “se sigue manteniendo una práctica contra legem, fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos, exigiendo allí donde la ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud de una autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de una violación lo que, como en el caso, termina adquiriendo características intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales y convencionales que son ley suprema de la Nación.”

La Corte agregó que “descartada la posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las prácticas médicas en supuestos como los examinados en autos, la insistencia en conductas como la señalada no puede sino ser considerada como una barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obrar”.

Es oportuno destacar que hemos compartido sostenidamente el criterio interpretativo que estableció nuestro Máximo Tribunal a fin de garantizar el derecho al acceso a la práctica del aborto no punible en todos los casos de violaciones.

En junio de 2009 esta Asesoría dictaminó en el expediente “Pro Familia Asociación Civil c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales” en trámite ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. En dicha causa, una Organización de la Sociedad Civil impugnó la Resolución Nº 1174/2007 del Ministerio de Salud de la C.A.B.A., que regula la práctica de abortos no punibles aunque haciendo una interpretación restrictiva del art. 86 del Código Penal. Nuestro dictamen puede consultarse aquí.

En noviembre de 2010 esta Asesoría envió a la Legislatura local una opinión técnica en el marco del tratamiento del Expediente Nº 86-D-2010 que se refiere al procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles, pronunciándonos a favor de dicha regulación. En dicha oportunidad, entre otros argumentos coincidentes con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacamos que las niñas, las adolescentes y, en general “las mujeres tienen derecho a acceder a esta práctica médica de manera segura y es el Estado quien debe garantizar que este acceso sea efectivo.”

Compartimos, asimismo, el criterio de la CSJN que considera que en estos supuestos de obstaculización de la práctica, se configura un caso de violencia contra la mujer. Así como el llamamiento a que el Gobierno local implemente programas de atención a las víctimas de violencia sexual; campañas de información pública en ese sentido, con especial foco en los sectores vulnerables, y campañas de capacitación de los/as agentes públicos/as.

Destacamos particularmente que el fallo, en su parte resolutiva, exhorta “…a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.” En ese sentido, tenemos confianza en que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictará las regulaciones necesarias y garantizará la realización de dichas prácticas en forma segura.

Por nuestra parte seguiremos comprometidos/as en el ejercicio y garantía de este derecho y realizaremos todas las acciones que en ley correspondan a tal efecto.

ASESORIA GENERAL TUTELAR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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La Corte Suprema insta a que se garantice el derecho a la práctica del aborto no punible para todos los casos de violación: la Ciudad debe tomar medidas