Silvia Juliá

Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí y del éxito que está teniendo este Seminario que nos ha dado un lugar para reflejar nuestra posición desde Católicas por el Derecho a Decidir. Como me ha tocado compartir el panel con otras juristas, yo quería contarles, un poco para que veamos en qué lugar estamos, en qué momento jurídico estamos, un caso que nos tocó vivir en Católicas.

En febrero de 2004 en relación con la despenalización del aborto que nuestra organización viene sosteniendo, el fundamentalismo católico –Vida Humana Internacional- nos presentó una denuncia por estar fuera de la Constitución. Porque nuestra personería jurídica defiende los derechos sexuales y reproductivos, además del derecho a decidir que cada mujer tiene sobre s cuerpo y su sexualidad, estábamos fuera de la Constitución.

Estos sectores plantearon que nosotros violábamos la Constitución Nacional, con los mismos argumentos que hoy estamos debatiendo: que hoy en nuestro país es imposible cualquier tipo de aborto, y que ni siquiera se puede debatir acerca del aborto porque es inconstitucional, y porque está fundamentado en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención de los Derechos del Niño y en una serie de argumentaciones legales sobre el derecho de las personas por nacer, etc.etc.

En ese momento, nosotras lo primero que analizamos cuando se presentó esta denuncia, era el cambio de discurso de estos sectores del fundamentalismo católico en relación con otros debates anteriores sobre el cambio en la legislación, que apelaron a cuestiones más religiosas, morales.

En este caso los argumentos eran estrictamente jurídicos. Toda una cantidad de argumentos jurídicos  que defendían una posición que en realidad significaba la violación de los Tratado de Derechos Humanos en relación a las mujeres de nuestro país.

Fundamentalmente los argumentos eran en relación a que las mujeres no tenían un derecho autónomo a decidir sobre su cuerpo frente a un embarazo, porque primaba el derecho de la persona por nacer.

Otro tema que planteaban era que el Estado de ninguna manera podía proporcionar el recurso del aborto, y que por eso no podía ser legalizado y no se podía permitir el acceso porque eso significaba la intención de terminar con los pobres, o de limitar el número de pobres, que también estaba prohibido por los Trataos internacionales.

A partir de eso nosotras iniciamos una investigación para refutar los argumentos y revisamos cómo venía el contexto jurídico nacional.

Para nosotros fue muy interesante ver cómo en el contexto político regional, no sólo en nuestro país sino en la región, se venían presentando cambios muy importantes en cuanto a cómo se debían aplicar los tratados de derechos humanos en general y a las mujeres en particular.

Fue importante comprobar que ya no estábamos en la misma situación que cuando se dictó la Resolución de la Corte menemista, que también tuvo que ver con un caso de Córdoba, donde allí la Corte declara que la vida empieza desde la concepción, y que por lo tanto la píldora del día después era abortiva y argumenta también con el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño.

El hecho de existir estos cambios, nos planteó a nosotros la posibilidad del cambio en la jurisprudencia en relación a estos tratados. Este cambio también se va a dar con el cambio de la Corte y la importancia que eso tiene para el pensamiento jurídico a nivel de país.

Creo que es importante plantear el contexto, para ver de qué manera nosotros como campaña, como organizaciones que trabajamos por el derecho al aborto, podemos seguir avanzando. Avanzando en el sentido de construcción de argumentos, en el sentido de hacerlos valer, de comunicarlos y de pararnos en una legalidad diferente a la legalidad en que se paraba el fundamentalismo religioso hace unos años atrás.

Porque en este momento la fuerza con que imponían el discurso único en estos temas, y que hacían creer a todo el mundo que en realidad un embrión es un niño, ya no pueden hacerlo.

Zaffaroni dice que esto es tan absurdo como decir que no penalicemos el homicidio porque todos somos muertos en potencia. Porque si el embrión es potencialmente la posibilidad de una vida, nosotros somos potencialmente la posibilidad de una muerte.

Esos absurdos tenían que ver con el contexto de un pensamiento único que no podía ser controvertido, que públicamente era de lo único que se hablaba, y en general la gente sabía que no podíamos tener derecho al aborto por el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño.

Entonces creo, que el hecho que nosotros ganáramos el tema de la personería jurídica con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pone el derecho a decidir en el contexto constitucional, a nosotros nos da también en ese momento, la posibilidad de interpretar que se está rompiendo, que se está liberando el discurso único.

Nuestra investigación nos hizo ver que muchos juristas en la Argentina, estaban trabajando con argumentos progresistas en relación al derecho al aborto.

En el medio de todo esto, cambia la Corte y las manifestaciones de Carmen Argibay, de Zaffaroni, etc. nos puso en un contexto mucho más progresista para trabajar.

Los avances se refieren a dos aspectos: por un lado estamos avanzando en una reconceptualización de lo que son los derechos humanos, incluyendo a las mujeres como sujetas de derechos humanos, como titulares de los derechos humanos a partir de la definición del Congreso Internacional de Viena, en el que se declara expresamente que los derechos de las mujeres son parte de los derechos humanos universales. Creo que a partir de allí hay un proceso de profundización de lo que significa ser titular de los derechos humanos, que tiene que ver también con entender que lo más importante de los derechos humanos es que todos nacemos libres e iguales en dignidad.

Los titulares de los derechos humanos universales somos las mujeres y los varones, todos en la diversidad de las personas.

Esta nueva manera de mirar a la mujer como sujeto moral autónomo, capaz de decidir y de titularizar derechos, es en lo que nosotros vamos avanzando. En lo que afirma el derecho a la privacidad y a resolver sobre cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas.

Ya en 1973, un fallo de la Corte Suprema de los EEUU, fue un avance importantísimo para todas las mujeres, y que fue mirado en todo el mundo, recuperó para la mujer la capacidad de sujeto moral que decide con libertad de conciencia.

Los pactos y tratado de derechos humanos también nos dan la posibilidad de acceder a los bienes y servicios en los derechos económicos, sociales y culturales.

Por eso creo que el derecho a decidir, también está vinculado a poder acceder, a reclamar el cumplimiento por parte del Estado, de todo lo que tiene que ver con brindar el acceso al aborto para todas las personas.

A estos temas, la Campaña Nacional los aborda bien porque justamente se propone despenalizar, legalizar y garantizar el acceso a este derecho. Estas son las cuestiones más importantes que a nosotras nos separan del discurso fundamentalista religioso. Puntos que debemos profundizar, avanzar en quebrar este discurso único en los lugares en que sigue vigente, porque en nuestro país sabemos que los hay. Y como esos grupos fundamentalistas apelan a estos argumentos jurídicos, es muy importante poder trabajarlos desde nuestra identidad religiosa.

Muchas gracias.
Silvia Juliá: Abogada, Especialista en Género, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, Córdoba)


Seminario: “Aborto, derechos, subjetividad y poder”

El pensamiento jurídico sobre el derecho al aborto
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