Un proyecto de ley que avanza en el Congreso –a pesar de demoras en apariencia temporarias–; el reconocimiento por parte del propio Estado sobre la irregularidad de sus reacciones ante los derechos humanos de las mujeres; un clima de opinión en un 60 por ciento favorable a la despenalización… A cuatro años de su inicio, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito empieza a ver la firmeza del camino andado, y, para celebrarlo, organiza el I Festival Latinoamericano por los Derechos, la Salud y la Vida de las Mujeres, un evento en el que participarán Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Lidia Borda, Mariana Baraj, Chiqui Ledesma, Actitud María Marta, y al que adhieren desde Adrián Paenza hasta Kevin Johansen, pasando por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

¿Qué transformaciones pueden empezar a adivinarse en una sociedad, aun cuando las resistencias tercas insistan en que nada cambia? Mejor dicho: ¿cómo se las podría rastrear, aun desde dentro de la misma sociedad, aun viviendo el mismo tiempo? Seguramente en gestos como el que, en dos días, dará contundencia al camino, sólido, hacia adelante, recorrido en los últimos cuatro años por el movimiento de mujeres argentino: la celebración del I Festival Latinoamericano por los Derechos, la Salud y la Vida de las Mujeres, el evento organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el que actuarán artistas que, así, se comprometen públicamente con el reclamo por la despenalización. Los nombres son más que conocidos, y es que se trata, en el sentido artístico del término, de mujeres públicas: Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez (llegadas desde México especialmente para la ocasión), Lidia Borda, Mariana Baraj, Chiqui Ledesma (y Cosecha de Agosto), Actitud María Marta; a todas ellas hay que sumar, además, a Liliana Daunes, quien conducirá la velada. La ocasión cuenta también con adhesiones de nombres conocidos: Luis Salinas, Chango Farías Gómez, Liliana Herrero, Kevin Johansen, Julio Bocca, Lino Patalano, Virgina Innocenti, Adrián Paenza, Juan Quintero, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo…
La visibilidad pública propia de las mujeres y los varones involucrados arroja, a su vez, luz sobre aquello que, a fuerza de trabajos militantes, construcción de voluntades políticas y sensibilización ha venido pasando en los últimos años: la imposibilidad de negar un debate (que se ha abierto), el avance en las intenciones de poner en palabras lo que solía callarse, el cierre de un año que, en realidad, plantea la firmeza de un proceso en ciernes. Y es que, de 2005 a esta parte, algo ha cambiado en Argentina en lo que a miradas y opiniones sobre la despenalización del aborto, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales de las mujeres se trata.
Ponerse de acuerdo no es sencillo. En un país donde los sectores conservadores se aferran cada vez con más desesperación y necedad a argumentos insostenibles para negar la aplicación de la ley en lo que a abortos legales se refiere, ¿cómo avanzar? Vale decir, ¿cómo explicar que aquello que se pretende no es avasallar los derechos de nadie sino todo lo contrario? ¿cómo hablar de algo que, según el interlocutor, es una necesidad innegable o un consenso por elaborar? Por empezar, partiendo de un lema claro y abarcador: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Por continuar, con líneas de argumentaciones tan sencillas como concretas, sin resquicios donde colar suspicacias: la necesidad de “despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país”; la premisa fundamental de que los derechos humanos deben ser comprendidos desde una perspectiva integral, como interdependientes e indivisibles, y que eso aplica necesariamente a los derechos de las mujeres; el objetivo de lograr el derecho a la salud, el acceso a la atención médica y el logro por las mujeres de más alto nivel posible de salud; el énfasis en que se trata de una “causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social”, habida cuenta de que “la ilegalidad del aborto es un problema de salud pública” y de que todo Estado laico necesariamente debe respetar “la libre decisión de las mujeres garantizando el derecho personalísimo”. Puestas en perspectiva, los argumentos de la Campaña han enfatizado en todo momento que la educación sexual, la salud sexual y reproductiva y la despenalización no son sino garantías de los derechos humanos de las mujeres, herramientas para sostener “su derecho a la autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada”.
¿Por qué un festival? “Porque llevamos cuatro años de acciones y hemos hecho muchas actividades que han tenido que ver con la acción callejera: marchas, concentraciones, actos, recolección de firmas, el envío del proyecto al Congreso, charlas públicas… después de todo eso, una actividad artística cultural nacional y con artistas inclusive de actuación internacional, era algo que nos debíamos como campaña, porque también es una forma de mostrar parte de un espacio muy plural que acompaña las actividades, que adhiere de distinta manera”, explica Estela Díaz, una de las integrantes de la Campaña que, puesta a evaluar lo que ha sido (y a imaginar lo que será) es más que optimista.
–No es tan sencillo. Cuando convocás a algo relacionado con los derechos humanos, la represión, el terrorismo de Estado, de alguna manera es más fácil embanderarse. Este, en cambio, es un tema más polémico, más ríspido. No a todos les resulta sencillo decir que sí. Lo notamos a lo largo de estos años: cuando hablábamos de avances en los derechos de las mujeres, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hay más resistencias, aparecen más reparos y es más duro avanzar. No casualmente en Argentina nos llevó casi 20 años lograr un programa de salud reproductiva: desde la apertura democrática, en el ‘83, hasta el 2003. Antes de eso, claro, las mujeres logramos derechos civiles y políticos, que no cuestan tanto. Pero por entonces, ¿quién hubiera imaginado que ahora tendríamos una ley que establece la educación sexual en todos los niveles educativos?
Luego de un primer momento (70 organizaciones se han sumado en el primer año), el crecimiento fue paulatino pero sostenido, tanto que actualmente son alrededor de 250 las organizaciones de todo el país que sostienen las acciones de la Campaña y las replican en una red amplia. A ellas hay que sumar miles de adherentes. Y es que las acciones tienen un alcance casi nacional. Es importante el casi, porque la ausencia de ciertas provincias dibuja un mapa en el cual es posible leer, por ejemplo, coincidencias nada casuales con resistencias al programa de salud sexual y reproductiva: Chubut, Río Negro, La Rioja, Catamarca son provincias donde no existen, al menos de momento, ONG enroladas en la demanda. “En el resto del país, está presente en todas las provincias. Claro, en algunos lugares es como incipiente, más tímida, porque no es lo mismo, por ejemplo, el modo en que toma forma en Buenos Aires, La Plata o Mar del Plata que la manera en que puede hacerlo en lugares como Corrientes, Chaco… ahí la Campaña tiene otras características, pero está. La consolidación nacional de la Campaña se fue construyendo desde cada localidad”, explica Díaz. Se comprende: los ámbitos desde los que se alimentó un consenso inicialmente dificultoso pero cada vez más natural, por decirlo de alguna manera, han sido tan variados y diversos como las adhesiones a lo largo de los años. Seminarios de posgrado en los que se capacitó a profesionales de la salud del NOA y el NEA, encuentros en salitas, charlas y debates en ámbitos universitarios, espacios de cabildeo con legisladoras y legisladores nacionales y de ámbitos locales, construcción de climas de opinión a partir del boca a boca… La multiplicación ha existido, y sólo ha sido posible a partir de que inclusive en lugares y momentos insospechados hubo quienes se apropiaron, por convicción, de materiales y discursos de la Campaña. “A veces –explica Díaz– nos encontramos con ONG que llevan el distintivo del pañuelo verde, que imprimieron materiales que subimos a la página de Internet, que hacen divulgación… ¡y pasa que muchas veces ni sabíamos que esa organización estaba adhiriendo! Eso te habla del crecimiento.”
Como recuerda Díaz, el camino fue largo y amplio. Al inicio, en 2005, las actividades se concentraron en la calle. Un año después, a la calle se sumó el trabajo focalizado con colegios profesionales y referentes de sectores vinculados a la temática. “Y también en formación de compañeras, trabajamos mucho las líneas de argumentos: fuimos generando documentos que iban reforzando los argumentos de las activistas de la Campaña. En algunos casos se trabajó con muchas compañeras de base, lo que implicó la formación de formadoras. En ese sentido alcanzamos un grado de movilización muy masiva, que trascendió el movimiento feminista y de mujeres más tradicional. La CTA tuvo un protagonismo muy fuerte en esto, y también las organizaciones de desocupados, desde sus espacios de género.” A lo largo del tercer año se comenzó a elaborar el proyecto de ley, lo que incluyó dar un debate sobre qué y cómo debía ser construido. Ese proyecto (que actualmente está en una impasse) fue acompañado por firmas de cerca de 30 diputadas y diputados de todos los bloques. Es el texto que se presentó el 28 de mayo de este año.



¿Cuál es la agenda para 2009?

–Vamos a tener una plenaria de la Campaña post festival, que seguramente va a ser de balance y definición de nuevas estrategias. Con el festival se está sumando activismo a la Campaña, es decir que uno de los objetivos ya lo estamos cumpliendo. Veremos qué delineamos para el próximo año, no tenemos que olvidarnos que 2009 tiene un calendario electoral.
En septiembre de este año, antes de que la ONU se expidiera sobre la demanda que el movimiento de mujeres promueve contra el Estado por el caso de LMR (la joven con retraso mental embarazada por una violación, cuyo caso fue judicializado y que terminó accediendo al aborto sólo en el circuito clandestino), la Argentina reconoció oficialmente que violó sus derechos humanos. Pocos días después, sin embargo, en Mendoza grupos pro-vida visitaron a una nena de 12 años, violada y embarazada, encerrada irregularmente en un hospital por un juez que ordenó que el embarazo siguiera adelante. Que el Estado reconociera su falta ante el CDH de la ONU, en respuesta a la demanda iniciada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba, sin embargo, no evitó que esa nena mendocina (ya violada y embarazada por su padrastro) fuera nuevamente victimizada pública y privadamente. La autoinculpación estatal no tuvo, en lo inmediato, un correlato más allá de lo declarativo. Dentro de cuatro meses, cuando ya nadie la recuerde ni hable de ella, esa nena va a ser madre.
Hace menos de un mes el proyecto de despenalización que viene siendo impulsado por la Campaña quedó, sorpresiva, repentinamente, detenido en su trámite parlamentario cuando todo parecía indicar que avanzaba, trabajosamente pero avanzaba, en la Cámara de Diputados. Estaba a punto de lograr dictámenes de comisión fundamentales (en Legislación Penal y en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) cuando todo se detuvo. ¿Por qué? No hay palabras demasiado claras al respecto, pero no parece haber sido casual que ese enfriamiento haya sucedido a días de que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez vetara la despenalización votada por su propio Congreso.

Más allá de esa dilación en el tratamiento legislativo del proyecto, ¿cuál creés que puede ser el impacto del caso uruguayo en Argentina?

–No se puede obviar que, además del veto en Uruguay, acá se congela nuestro proyecto en el Congreso, hay una reunión de Lula con el Papa, en la cual tratan el tema de la educación sexual en las escuelas públicas… O sea que hay en la región alertas en torno de cómo se está moviendo la Iglesia para presionar a decisores políticos en estos temas. Pero esa es una distancia muy grande respecto de lo que pasa con los consensos sociales: lo afirman los sondeos, es amplísima la mayoría social de acuerdo con la despenalización del aborto. En el último estudio, roza el 60 por ciento.

¿Qué falta, entonces?

–Que quienes tienen posibilidades de hacerlo y mayorías en las Cámaras se pongan a debatirlo y den cuenta del consenso. Y que quienes tienen posibilidad de plantear el tema en ámbitos ejecutivos también lo hagan. La ministra de Salud debería velar porque se ponga en práctica la guía técnica de abortos no punibles, pero hasta ahora se ha negado a implementarla, aun cuando exista y corresponda hacerla valer. Pero estamos esperando que se tomen las medidas necesarias para avanzar. A fin de cuentas, son medidas que corresponden con la opinión mayoritaria de la gente y con el ejercicio cotidiano de los derechos de las mujeres, que aun cuando sea ilegal, aun cuando haya punibilidad, aun a pesar del riesgo, siguen haciéndose abortos. La situación es de por sí dramática para quienes tienen que hacerlo en condiciones inseguras, pero la clandestinidad agrega cuotas de angustia para todas. No es lo mismo ser atendida en el servicio de un hospital, con acceso a una consultoría y amparo, que hacerlo en un consultorio clandestino.
El comienzo del cambio
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