Ida Dominijanni
Publicación Electrónica «Sin Permiso» 17/02/08
El registro policial al Policlínico ordenado la pasada semana  por la fiscalía de Nápoles en busca de pruebas de supuestos abortos ilegales, un suceso muy parecido a los ocurridos en varias clínicas de Barcelona y Madrid en las últimas semanas –e igualmente jaleado desde los medios de comunicación de la derecha católica más reaccionaria—, no es sólo un ataque a un derecho trabajosamente conquistado por las mujeres en las últimas décadas. Es un ataque en toda regla a los cimientos mismos del Estado democrático de Derecho

Entre el Estado moderno y las mujeres hay una vieja enemistad hecha, por una parte, de exclusiones, y por otra, de enajenamiento, que la construcción de la ciudadanía nunca ha conseguido eliminar del todo, sino solamente mitigar.
La Ley italiana 194 ha sido una etapa crucial de esa mitigación: firmando entre mujeres y Estado, no la paz, pero un armisticio. La fiscalía de Nápoles que ha ordenado el allanamiento sorpresa del Policlínico de esa ciudad, los policías que lo han ejecutado con exceso de celo, los políticos que lo han aplaudido, desdramatizado o despolitizado, los predicadores que lo cabalgan para comprobar –ya me perdonarán la vulgaridad de la cita literal— el tamaño de sus propios genitales; todos deben saber que han roto este armisticio, y asumir, como adultos y no como niños, como padres y no como hijos en perenne rebeldía edípica contra las madres y contra la Madre, las debidas responsabilidades.
, las debidas responsabilidades.  A partir de hoy, lo que está sobre la mesa no es solo la cuestión del aborto o la defensa de la Ley 194. Se equivocarían también las mujeres, si se dejaran atrapar en la trampa instrumental de este perímetro. La cuestión que está sobre la mesa es la del Estado constitucional de derecho. El que garantiza –o debería– que las leyes se apliquen correctamente y no en un clima de emergencia permanente; el que establece –o debería– procedimientos judiciales correctos; el que nos protege –o debería– de los abusos de las fuerzas del orden; el que protege –o debería– la relación entre médico y paciente de agresiones e interferencias indebidas. Antes de discutir sobre el aborto, hay que discutir sobre esto: ¿para cuándo una inspección en la fiscalía de Nápoles? ¿Desde cuándo una llamada anónima es suficiente para ordenar un allanamiento? El enfermero anónimo, ¿será gratificado de por vida con un premio al celo profesional? Los simples mortales, ¿tendremos que procurarnos un abogado antes de entrar en una sala de operaciones? Y los médicos, antes de hacer un diagnóstico fetal, ¿deberán echar una ojeada a los periódicos para saber por dónde sopla el viento?
Ni es la primera, ni será la última vez que el aborto se convierte en signo de cuestiones más generales: precisamente porque el aborto, al contrario de lo que sostiene la perversa campaña sobre su “facilidad” se sitúa en un delicado vértice entre coerción y libertad, entre derechos colectivos y decisiones individuales, entre lo general y lo singular. Bombardear este delicado vértice a cañonazos significa bombardear, con la ciudadanía femenina, el entero edificio del Estado de Derecho, volver a un Estado, por una parte, violento, y por la otra, paternalista, que se fía más de los polis que de las mujeres, y que cuando las cosas van bien, hace de las mujeres víctimas incapaces de comprender y de querer, y cuando mal, asesinas: feticidas, como declara el brillante neologismo. Dejar todo esto fuera de la campaña electoral, como va pregonando la premiada empresa V&B es una ilusión falsa y engañosa, que sirve a Veltroni [dirigente del centrista PD] para no enajenarse el voto católico, a Berlusconi [dirigente de la coalición de la derecha italiana] para no enajenarse el voto femenino. Estamos acostumbrados a una política que se alimenta de confusiones, pero hay cuestiones que exigen claridad. Y que si no la reciben, ellas mismas la producen.
Ida Dominijanni es una veterana analista política italiana, que escribe regularmente en el cotidiano comunista Il Manifesto y es una de sus editorialistas.
El aborto, cuestión de Estado
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