El 21 de marzo de 2014 Belén fue con su mamá al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tucumán. Tenía dolor de panza, no sabía que estaba embarazada. En el baño del hospital tuvo un aborto espontáneo: desde ese momento y por los siguientes cuatro años Belén fue sometida a violencia institucional en distintas ventanillas del Estado. El personal de salud transformó un evento obstétrico en un caso penal. Violó los derechos de Belén, la denunció y la sometió a múltiples violencias. Belén salió del hospital hacia el Penal Santa Ester. Tenía 25 años. Salió de la cárcel con 29.

En 2019 falleció “Liliana” , después de meses de pedir arresto domiciliario y atención médica. Tenía 40 años y estaba hacía cinco presa en el penal de San Martín por perder un embarazo a los cinco meses, condenada en un juicio abreviado por homicidio agravado por el vínculo. Otra vez vimos cómo la criminalización del aborto se abría paso con otras figuras penales.

A partir de las historias de Belén y de «Liliana» fue producido el informe La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina, un mapeo sobre el estado de situación de esa problemática a nivel federal, realizado a partir de la indagación de materiales periodísticos y de pedidos de informes a diferentes organismos del Estado en todas las jurisdicciones del país. El estudio fue elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. Además, contó con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Durante 2020, nos propusimos construir información actualizada sobre la magnitud y las características que presenta en Argentina la persecución penal de los abortos y los eventos obstétricos. El relevamiento abarca dos tipos de situaciones muy distintas: en primer lugar, relevamos los procesos penales iniciados contra mujeres por abortos propios, es decir, interrupciones voluntarias de sus embarazos. En segundo lugar, procesos penales en los cuales la muerte de “un/a recién nacido/a” en los momentos inmediatamente posteriores al parto -prematuro, espontáneo, a término- es atribuida a una conducta pasiva o activa de la mujer gestante/parturienta.

Nuestra pregunta sobre cómo operó en esas situaciones la criminalización del aborto no se restringió a las causas caratuladas con esa figura penal, que es lo que el Poder Judicial reconoce como persecución en esos casos, sino a lo que reconstruimos de las lógicas reales de criminalización que avanzan con otras figuras penales y sobre otros hechos vinculados con la gestación, pero que no siempre son abortos propios. En otras palabras, el universo de mujeres criminalizadas por la noción de que el aborto es un delito es más amplio que el conjunto de casos etiquetados judicialmente con la figura penal de aborto.

La ilegalidad del aborto voluntario tuvo efectos concretos. Sobre esas mismas personas recayó y recae en muchos casos la violencia punitiva de la persecución penal y se produjeron violaciones de derechos y garantías, como se ve en los casos relevados en este informe.

¿Cómo fue elaborado este estudio?

Nos parece importante destacar la dificultad para construir conocimiento sobre la criminalización del aborto y otros eventos obstétricos. La falta de información y datos estadísticos producidos desde la gestión estatal es una constante (sobre todo desde los ministerios de justicia y sus subsecretarías de política criminal y penitenciaria, la gestión penitenciaria provincial y federal respectivamente). En relación a las problemáticas objeto de este informe, no existe producción de información estadística específica y regular, lo que dificulta sobremanera conocer la magnitud, las características actuales y la evolución de la criminalización.

La reconstrucción del panorama se hace más compleja si tenemos en cuenta que existen diversos organismos encargados de la persecución y ejecución penal, con distintas competencias (fuerzas de seguridad, ministerio público fiscal, poder judicial, ministerios de justicia) y que no suelen articular sus registros o bases de datos. Es por esta razón que el presente relevamiento tiene una impronta “artesanal”, dada su construcción a partir de la unión de distintas piezas y fragmentos que permiten evidenciar aspectos generales de la problemática, sin que la cuantificación pueda ser considerada como el universo completo de los casos.

La investigación se desarrolló a partir de dos relevamientos diferentes y complementarios. Por un lado, recopilamos y analizamos un corpus de notas de prensa de diversos medios gráficos digitales provinciales y nacionales, entre 2012 y 2020, a partir de lo cual identificamos 26 casos de criminalización de abortos y 47 casos de criminalización de otros eventos obstétricos, distribuidos en 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no se identificaron casos en La Rioja). Este relevamiento permitió conocer algunas de las características que presentan los hechos, a partir de las descripciones hechas por la prensa.

Por otro lado, realizamos pedidos de acceso a la información a Ministerios Públicos Fiscales y Cortes provinciales de todo el país para que aportaran datos oficiales sobre procesos judiciales iniciados por la figura penal de aborto, de homicidio, homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona en los casos en que la víctima fuese une recién nacide y la imputada fuese la progenitora. También solicitamos información sobre las personas actualmente detenidas, procesadas o penadas por estos delitos.

Nuestro interés fue relevar la cantidad de procesos judiciales en los que la imputada fuera la persona que abortó o que sufrió el evento obstétrico. Las ferias judiciales extraordinarias dispuestas por la pandemia hicieron aún más difícil el acceso a los datos y hasta el momento contamos con información de diecisiete jurisdicciones. Aun así, actualizaremos los gráficos y las cifras cuando recibamos nuevas respuestas oficiales.

Los datos de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la CABA suman 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos. Esta información es clave para delinear un mapa federal de la persecución penal sobre las mujeres que atraviesan abortos o eventos obstétricos. El relevamiento periodístico aporta densidad cualitativa a la recolección de datos de este mapeo.

A partir de los datos obtenidos pudimos responder a las siguientes preguntas: quiénes son las mujeres penalizadas, cuáles son las características de la persecución penal y cómo funciona el dispositivo del castigo, además de poder describir la desigualdad existente en términos de política criminal.

Ahora que es ley

Sancionada la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reconocimiento de un derecho por el que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha luchado durante 15 años, reforzamos nuestra demanda: ¡Libres las queremos! Saldada la deuda normativa que imponía una penalización discriminatoria para las personas con posibilidad de gestar, hoy vamos por la deuda que el Poder Judicial tiene con aquellas que fueron injustamente criminalizadas y violentadas. En ese sentido, esperamos que el presente informe -elaborado de manera previa a la sanción de la ley- sirva como insumo para tener un panorama más certero de la situación de aquellas mujeres y otras personas con posibilidad de gestar que esperan verdadera justicia tras las rejas.

Descargá el informe «La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina»