Por Alejandra Ciriza *
La nena fue privada de su libertad por el delito de haber sido violada y embarazada. Tiene sólo 12 años y ha sido expuesta ya a todo tipo de violencia, incluida la que infiere la pobreza, incluida la violencia sexual.
Es una niña de 12 años que debiera haber sido protegida por el Estado, que tendría que haber respetado a una vida digna, a la libertad, a una infancia que fuera tal, que debiera haberla considerado como una semilla de ciudadana y resuelto su situación en el marco de la ley. Sin embargo, para esta pequeña las cosas fueron muy distintas. Ser niña y pobre en Argentina y en Mendoza es un riesgo que puede pagarse con la propia vida o, como en este caso, con la violencia sexual y la maternidad forzada. Hace dos semanas que la nena se encuentra internada en el Hospital Notti, sujeta a las presiones de grupos fundamentalistas, manipulada por quienes, lejos de actuar el cumplimiento republicano de la ley y la debida garantía hacia los derechos ciudadanos, han hecho de la función pública el espacio para ejercer poder sobre sus conciudadanos y conciudadanas tratándolos como si fueran feligreses. En lugar de respetar sus derechos, los funcionarios de este gobierno, jueces y médicos intervinientes la han privado de su libertad; en lugar de cumplir con la ley la han sometido a exposición pública, colocándola como el rehén de las decisiones que otras y otros han tomado ya, aunque se pretenda otra cosa, sobre su cuerpecito de nena.

Es muy probable que esta nena lleve a término ese embarazo producto de una violación, cuya suerte dejará de ser interesante cuando la batalla haya cesado y el Estado y quienes dicen estar tan involucrados con su suerte la dejen a un lado. A partir del momento en que eso que los medios llaman su «caso» deje de ser noticia, los riesgos y daños a su salud física y psíquica, y su situación social correrán por su cuenta y la de su familia. La suerte del producto de esa violación también.
Mientras tanto, el Estado mendocino incumple sus deberes hacia las ciudadanas. En el escritorio del ministro Saracco duermen, desde el inicio de su función, dos protocolos: uno de atención de abortos no punibles y otro de registro único de objetores de conciencia. Con esos instrumentos legales, este lamentable episodio no hubiera sucedido nunca.
* Integrante de Las juanas y las otras, ONG mendocina miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (www.abortolegal.com.ar)
DE PAGINA12
Deberes incumplidos
Etiquetado en: