Comunicado de la Alianza de abogad@s por los Derechos Humanos de las mujeres

Quienes formamos parte de la Alianza de abogad@s por los Derechos Humanos de las mujeres queremos resaltar el alcance de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina “F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva” del día 13 de marzo de 2012.

Frente a la posible obstaculización de la realización de la práctica médica que pudiera darse por la falta de protocolos de atención de los abortos no punibles en todos los estados provinciales, queremos dejar en claro los efectos que tiene esta sentencia.

En primer lugar el acceso al aborto no punible es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente, aun sin contar con protocolos, es exigible la práctica solicitada en los términos del art. 86 del Código Penal, ya que el médico con consentimiento de la paciente puede realizarla de acuerdo al saber profesional. Proceder
en otro sentido produciría una frustración inadmisible de los Derechos Humanos de las mujeres, manteniéndose una práctica contraria al artículo 19 de la Constitución Nacional que la Corte condenó en su fallo.

En tal sentido, la Corte no creó el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo producto de una violación o que genere peligro para la salud o la vida de la mujer, sino que fijó la interpretación correcta de la norma y enfatizó en que
solamente aquella es adecuada según nuestra Constitución y en especial conforme a los instrumentos de Derechos Humanos suscriptos por Argentina.

En tal sentido, la exhortación final que hace el tribunal para que se aprueben protocolos de actuación en el ámbito de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no implica de manera alguna que el ejercicio del derecho, consagrado en el Código Penal, se encuentre supeditado a mayores reglamentaciones, aprobadas por funcionarios locales o nacionales. Más aún, el Máximo Tribunal da expresas directivas respecto de la operatividad de la norma. Afirmar que la interpretación correcta del derecho no puede aplicarse de manera directa e inmediata a todos los casos de abortos no punibles no solamente va contra lo dispuesto en la sentencia, sino que constituye una ilegalidad que genera responsabilidad del Estado a nivel internacional e interno.

Asimismo, los funcionarios y las funcionarias que no cumplan con la ley incurrirán en responsabilidad civil,  administrativa e incluso penal. La reglamentación del artículo 86 del Código Penal de la Nación será una herramienta técnica para los profesionales de la salud, que debe contribuir a la pronta y efectiva realización de los derechos de las mujeres, para que se les brinde un trato justo y digno y se prevea la contención que pueda resultar necesaria frente a situaciones dramáticas como lo son los embarazos no deseados, más aún si provienen de una violación o generan peligro
para la salud o la vida. Tales protocolos de actuación nunca pueden ser una condición ineludible para la prestación del servicio.

Se debe tener en cuenta que las reglamentaciones ya existentes que sean más restrictivas que lo que la Corte Suprema de Justicia ha señalado, son inconstitucionales y deben ajustarse a los tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país. Si la norma provincial restringe los casos que el legislador nacional previó como abortos no punibles, avanza sobre la competencia que la Constitución le atribuye al Congreso Nacional en el art. 75 inc. 12 de dictar los códigos de fondo, penalizando conductas que el legislador nacional no penaliza.

Es importante destacar que el fallo de la Corte Suprema brinda seguridad jurídica a los médicos para realizar los abortos permitidos por la ley y delimita sus deberes frente a estas situaciones, en particular indicó que no es necesaria una autorización judicial. Asimismo indicó algunas cuestiones fundamentales como la inexigibilidad de denuncia policial o judicial de la violación que habilita el aborto no punible, y la necesidad de que se asegure la práctica en los casos en los que un médico sea objetor de conciencia.

La Corte determinó la aplicabilidad directa, sin ningún tipo de demoras, o cuestionamientos del art. 86. Ante cualquier situación de aborto no punible, el profesional de la salud se encuentra obligado a actuar, de lo contrario, incurriría en
responsabilidades de ley. En pocas palabras: DEMORAR UNA INTERRUPCIÓN LEGAL DE EMBARAZO ES ILEGAL. La denegación constituye un acto ilícito que acarrea responsabilidad tanto del Estado como de los particulares que insistan en sostener una interpretación que vulnera los Derechos Humanos de las mujeres.

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