Ciudadanía, Democracia y Estado Laico

Silvia Augsburger – Diputada de la Nación

La lucha de las mujeres por el derecho al aborto se encuentra en un momento crucial y por lo tanto necesitamos redoblar los esfuerzos para concretar estrategias efectivas y aunar fuerzas entre todos y todas aquellos que  protagonizamos esta lucha.

Por ello quisiera destacar la importancia de la realización de este seminario internacional, y resaltar lo acertado de su realización en este ámbito, que es el Congreso de la Nación. Y digo esto porque desde hace ya unos años en Argentina, desde muchísimos ámbitos y lugares se escuchan voces en favor de modificar el Código Penal en los artículos que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, desde los juristas, los profesionales de la salud, desde el ministerio de salud nacional y ministros de salud provinciales, desde los medios de comunicación, las encuestas de opinión y por supuesto del muy activo movimiento de mujeres; y, sin embargo, el Congreso de la Nación, como institución – no me refiero por supuesto a Diputadas/os comprometidos que vienen presentando sistemáticamente proyectos que nunca son tratados- ha permanecido en silencio. Ese silencio que frente a la magnitud de esta problemática, frente a lo que sucede, por ejemplo en el reciente caso de la joven discapacitada que por estos días nos ha movilizado y conmovido a todos, significa avalar el status-quo, significa lamentablemente ser cómplice por inacción de lo que sucede, y por lo tanto este Congreso tiene la obligación de permitir que se abra el debate y este seminario es un gran estímulo y un gran aporte a ese debate.

Las muertes maternas, evitables en un alto porcentaje, significan una violación a los derechos humanos de las mujeres. En cada muerte materna “se vulnera, en primer lugar, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Este derecho es violado cuando se produce una muerte evitable, pero también cuando el riesgo de morir se incrementa sin necesidad y se convierte además en un hecho constante. En este sentido, la mortalidad materna es una realidad que desafía el derecho a la vida y la seguridad de muchas mujeres, en su amplia mayoría mujeres pobres y jóvenes de áreas rurales y periurbanas…”. “Por último, el derecho a la igualdad y a la no discriminación; el status social disminuido así como las desventajas de muchas mujeres en cuanto al menor acceso a la educación formal, oportunidades laborales y poder de decisión tanto dentro como fuera del hogar, y en particular, su menor autonomía en las decisiones acerca de la vida sexual y la reproducción conforman el escenario oculto de las muertes maternas. La pobreza y la condición étnica acentúan estas discriminaciones, que con frecuencia se expresan con mayor fuerza en las mujeres muy jóvenes”

1. Argentina presenta una tasa de mortalidad materna para el año 2004, de 4 por 10.000 nacidos vivos, según las estadísticas aportadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Aunque hay una disminución constante en los últimos tres años: 4,6 por 10.000 nacidos vivos en 2002; 4,4 por 10.000 nacidos vivos en 2003, durante los últimos 20 años esta tasa mostró una declinación no demasiado marcada manteniéndose en la última década en el 4,0 por 10.000 nacidos vivos.

Estas cifras significan que, cada año mueren en el país 300 mujeres y otras 15.000 quedan afectadas en su estado de salud por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Pero además sabemos que existe subregistro, variable según la provincia, lo que significa que se muere más de una mujer por día por causa de maternidad.

Al interior de nuestras fronteras la distribución geográfica de la tasa de mortalidad materna es sumamente heterogénea, correspondiendo a las provincias más pobres los mayores valores. Mientras que en el año 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraba una mortalidad materna de 2 por 10.000 nacidos vivos, en Jujuy la tasa era de 13,1 por 10.000 y en La Rioja de 13,6 por 10.000 nacidos vivos, una brecha casi once veces superior.2

El aborto inducido – en forma clandestina y en condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas y de aproximadamente 80.000 hospitalizaciones por año. En la actualidad el 33% de los egresos hospitalarios por causas obstétricas – excluyendo el parto normal- se debe a complicaciones de aborto.

La monstruosa magnitud del problema que significan las muertes maternas por complicaciones producidas por el aborto clandestino, ponen en permanente contradicción al Estado argentino que por un lado ha suscripto y ratificado convenciones y tratados internacionales que reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el otro mantiene la penalización del aborto en abierta contradicción con lo que firma.

En las conferencias de Viena, El Cairo y Beijing, fueron aprobados textos que representan avances hacia una definición y reconocimiento de los derechos reproductivos, algunos de los cuales se relacionan directamente con el aborto. El Programa de Acción de Viena, de 1993, incluye la gravidez forzada entre las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres (párrafo 38). El Programa de Acción de El Cairo, de 1994, define a los derechos reproductivos como “ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso”. Y enumera los componentes en los cuales se basan esos derechos: decisión libre y responsable sobre cuando y cuántos hijos tener, disponiendo de la información necesaria y sin sufrir “discriminación, coacción o violencia”. (párrafo 7.3)

También, la Plataforma de Acción de Beijing, de 1995 reafirma el texto aprobado en El Cairo en sus párrafos 216 y 223 y se refiere a los derechos reproductivos expresando que “la capacidad de las mujeres para controlar su propia fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos” (párrafo 97, capítulo sobre salud)

Asimismo, habla explícitamente de gravidez indeseada y recomienda servicios seguros en los casos permitidos: “las mujeres que sufren embarazos no deseados deberán tener fácil acceso a una información veraz y a un asesoramiento comprensivo…

En aquellos casos en los que el aborto no sea contrario a la ley, los abortos deberán realizarse en condiciones de seguridad” (párrafo 106k)

Habla de embarazo no deseado como efecto de la violencia sexual y sexista y reafirma el texto de Viena, sobre la gravidez indeseada como efecto de la violencia sexual y sexista y lo reafirma también al referirse al embarazo forzado como violación de los derechos humanos fundamentales y del derecho humanitario internacional. (párrafos 132,135,145c,145e;114)

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-, menciona la “salvaguarda de la función de reproducción” en su art. 11f y el “acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. (art.12 y 14.26), garantiza a las mujeres: “los mismos derechos (que el varón) a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” (art.16e).

Entre las observaciones finales que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó al reporte gubernamental presentado por Argentina  en el año 2000, relacionadas con la salud reproductiva, “preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo por la salud de la mujer o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental. El Comité expresa también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado(…) El Comité recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos en su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación.”

Es bueno recordar que estas recomendaciones deben ser tomadas en cuenta por nuestro gobierno, que está obligado a cambiar la legislación y tomar todas las medidas necesarias para efectivizarlas. Estas recomendaciones deben ser consideradas jurisprudencia obligatoria y deben ser implementadas en los cuatro años que existen entre un informe y otro.

Con el propósito de consolidar el cumplimiento de los derechos humanos, que los países han suscripto en los tratados internacionales, los miembros de la ONU, nuestro país entre ellos adoptaron en la CUMBRE DEL MILENIO, ocho objetivos fundamentales para alcanzar en el 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son a la vez adaptados a las posibilidades de cada país. Para la Argentina el objetivo número 6 es mejorar la salud materna y la meta es reducir en 2/3 la TMM y en un 20% la desigualdad entre provincias entre 1990 y 20153.

Para cumplir con esa meta nacional, los ministros de salud de todas las provincias reunidos en el Consejo Federal de Salud, firmaron en 2004, un Compromiso para la Reducción de la Mortalidad Materna. También, es un avance a destacar la Resolución 989 del 9/8/2005 del Ministerio de Salud que aprueba la Guía para el Mejoramiento de la Atención post-aborto”, pero sabemos con certeza que dichos avances no son suficientes para reducir drásticamente la TMM, y que casi todas las muertes y enfermedades producto de abortos inseguros pueden prevenirse. Los procedimientos y las técnicas para finalizar un embarazo en etapa temprana son simples y seguros. El proveer los servicios apropiados para un aborto seguro salva la vida de las mujeres. Para que la Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, se requiere urgentemente (una reforma) que garantice el acceso a anticonceptivos e información adecuada. “ Para todas las mujeres es una cuestión de igualdad. Para algunas, es una cuestión de vida o muerte”4. Human Rights Watch

Reformular la legislación vigente en relación al aborto, es la misma recomendación que hace el CEDES en su estudio del 2004 “Para que cada muerte materna importe”: “Intervenir sobre el problema de las complicaciones de abortos inseguros…… asegurar la consejería y la provisión de anticonceptivos posabortos a las mujeres que se internan por complicaciones para prevenir la repitencia, e introducir la aspiración manual endouterina para reducir el tiempo de internación y la morbilidad asociada a los legrados. Por último la estrategia debería confluir hacia una revisión de las disposiciones legales sobre el aborto, dado que la evidencia muestra que la clandestinidad de su práctica expone a las mujeres, especialmente a las más pobres, a prácticas que ponen en riesgo su salud y su vida.”

No solo podemos aseverar que la flexibilización de la legislación relativa al aborto reduciría la morbimortalidad materna, como por otra parte lo indican las estadísticas mundiales ya que “la mortalidad y la morbilidad por aborto tienden a ser mayores en los países en los que las leyes son más restrictivas” (OMS-2000), sino que existen otras consecuencias o implicancias de la penalización que nos interesan destacar:

-El aborto es el caso más dramático de ineficacia preventiva de la ley penal. Se hacen 800.000 abortos por año, de acuerdo a la afirmación a fines del año pasado realizada por el Ministro de  Salud, Ginés González García en un cónclave médico en Córdoba(6), lo que nos muestra la incapacidad de lograr una mínima eficacia a través de la norma punitiva en el objetivo de evitar las interrupciones de los embarazos. La penalización del aborto no disuade ni intimida a nadie.

– Con el aborto la igualdad ante la ley es un precepto caduco. La prohibición del aborto crea un problema de justicia social, porque afecta de manera diferente a las mujeres según sus recursos (económicos, educativos, etc.), ya que aquellas que tienen los medios económicos y quieren interrumpir un embarazo no deseado tienen la posibilidad de hacerlo en condiciones seguras (de manera discreta y con un servicio de calidad), mientras que muchas mujeres pobres se enfrentan a la peor calidad técnica y ninguna calidad humana, con riesgo de hemorragia, infección e incluso muerte. Por lo tanto, en la práctica, la legislación restrictiva sobre el aborto hace sentir los efectos negativos sobre las mujeres más desvalidas de la sociedad, violando principios de justicia y equidad5.

– La legislación penaliza a la mujer y no así a los varones, que comparten la responsabilidad en el inicio de un embarazo. La participación y la responsabilidad del varón están invisibilizadas. Los problemas,  el riesgo de salud, de cárcel y de muerte frente a un aborto ilegal e inseguro lo asume sólo la mujer. ¿Por qué la ley sólo penaliza a la mujer? ¿Dónde está ese varón que ayudo a fecundar? ¿Por qué la sociedad y las leyes lo liberan de toda responsabilidad?6.

El no reconocimiento de penas solo aplicables a las mujeres fue planteado en la recomendación general 24 de la 20 Sesión de Naciones Unidas, interpretando el art. 12 de la CEDAW: “ Otros obstáculos para el acceso de la mujer a una atención apropiada de salud lo constituyen las leyes que penalizan solo los procedimientos médicos necesitados por las mujeres, castigando a aquellos que se someten a dichos procedimientos”. Esto quiere decir que no puede haber, en el Código Penal de nuestro país, figuras que penalicen procedimientos médicos sólo aplicables a las mujeres.

Finalmente la interpretación restrictiva del aborto no punible provoca que cuando se cumplen las circunstancias que legalmente habilitan la procedencia de la interrupción del embarazo, estos no operan automáticamente, sino que sufren el retraso de la solicitud de autorización judicial, implicando ello un menoscabo del goce o ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad por la condición socioeconómica y social.

Creo importante destacar aquí los numerosos proyectos legislativos presentados tanto en la legislatura nacional como en diversas legislaturas provinciales que proponen regular los procedimientos sanitarios en caso de abortos no punibles que desafortunadamente no han sido tratados. También quisiera destacar el importante trabajo que el Movimiento de Mujeres Autoconvocadas de la ciudad de Rosario, que vienen trabajando con mucha constancia y mucha perseverancia sobre la autoridades de la Secretaría de Salud Pública Municipal para la concreción de un protocolo de atención de los abortos no punibles. Quizás gracias a ese trabajo podamos iniciar en poco tiempo una experiencia similar a la del Hospital Municipal de Jabaquara, que fue el primer servicio de aborto legal en un hospital público en 1989, en Brasil.

También como en Brasil, pensamos que es una buena estrategia la de conformar una comisión tripartita entre la sociedad civil, los y las legisladoras y el gobierno nacional para que elabore un proyecto de ley que modifique positivamente el código penal vigente. Por ello hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que propone la conformación de éste tipo de Comisión Tripartita que pretende crear un ámbito de debate y de construcción de consenso entre los distintos sectores comprometidos con la salud y los derechos humanos de las mujeres.

Retomo lo que les decía al inicio , creo que el Parlamento Nacional no puede seguir en silencio frente a tanta muerte evitable, frente a la violación de derechos humanos elementales como la obligación de proseguir con un embarazo producto de una violación o de un feto con imposibilidad de vida fuera del seno materno. Mañana este seminario discutirá en un panel las estrategias a seguir para el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Aspiro a que podamos consensuar una estrategia eficaz y reunir la voluntad política suficiente para lograr que finalmente se abra el debate en el Congreso. Muchas Gracias.

Buenos Aires, Agosto de 2006


Seminario: “Aborto, derechos, subjetividad y poder”

Sumate a la Campaña, ¡contactanos!