Aportes en relación al nuevo Código Civil para terminar con los privilegios de la iglesia católica

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para el debate del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación representa grandes avances, pero aún sigue considerando como persona jurídica de carácter público a la iglesia católica, lo que supone un privilegio que el campo democrático y progresista no puede permitir.

En particular, resulta fundamental la modificación del art. 33 del actual Código Civil, que establece que la iglesia católica es una persona jurídica de carácter público, lo que le otorga un estatus excepcional en nuestro marco jurídico con beneficios comparables a cualquier institución del Estado. Esto hace, por ejemplo, que sus bienes sean inembargables.
Este privilegio está en franca contradicción con los principios de igualdad ante la ley, libertad de culto y conciencia y laicidad del Estado plasmados en nuestra Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Cabe destacar que tal prerrogativa no deriva directamente del art. 2º de la CN y es de hecho de origen relativamente reciente ya que surge de una modificación introducida por «ley» del dictador Juan C. Onganía en el año 1968.
Así, la modificación de tal artículo dejando, por omisión, a la iglesia católica entre las personas de carácter privado, como cualquier otra organización, vendría simplemente a reparar la injusticia cometida por un gobierno de facto que decidió aumentar las prerrogativas de la iglesia católica.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, al igual que otras organizaciones que ya se han manifestado, no comprendemos ni aceptamos esta concesión a una institución religiosa que ha sido cómplice de dictaduras, con una moral anclada en el pasado y principal opositora a los avances en los DDHH de todas las personas, pero especialmente de las mujeres.
Abogamos por un Estado laico como premisa fundamental para la radicalización de la democracia. La decisión de cuestionar, de disentir, de pensar de manera diferente, contribuye a una cultura abierta y a un pluralismo que permite la convivencia en paz. La verdadera democracia exige un estado que tenga en cuenta a la gente, que permita distintas maneras de pensar y actuar y que haya mecanismos políticos que garanticen los derechos de todas las personas. Esto no puede lograrse sosteniendo privilegios a la iglesia católica.

Sólo la separación entre Estado e iglesia será garantía del respeto por el pluralismo religioso existente en nuestra sociedad y reaseguro de la libertad de culto, pensamiento, opción política e ideológica. Desde la Campaña por el derecho al aborto defendemos esta perspectiva como aspecto central de la profundización de la democracia y de la posibilidad de avanzar en el cumplimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos, que forman integral de los DDHH.
Esperamos que los integrantes de la Comisión bicameral que están llevando adelante tan importante tarea, sigan inspirados en las reformas que mejoren la calidad institucional y democrática en pos de mayor inclusión e igualdad. Este aporte consideramos contribuye para estos objetivos.

Argentina, 21 de agosto de 2012

Comisión de Articulación 2012:
Marta Alanís (Cba.) , – Estela Díaz ( La Plata ) , – Julia Martino(CABA) , Mabel Gabarra (Rosario) , – Claudia Anzorena (Mza.) , Agustina Vidales Agüero , Cristina Ercoli (LaPampa)

Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir

aborto legal    Código Civil    iglesia católica 23 agosto, 2012

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