Hace décadas feministas venimos poniendo en debate el tema del aborto y las consecuencias de su status legal actual para la vida y la salud de las mujeres. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito es una amplia y diversa alianza federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Tiene sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004.

Impulsada desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como así también desde mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales, cuenta en la actualidad con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, etc.

Asumimos un compromiso con la integralidad de los Derechos Humanos, y defendemos el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos.

Quienes la integramos hemos apostado colectivamente a converger en una gran heterogeneidad de actividades y procesos estratégicos para:

  • Instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina;
  • Contribuir a que más mujeres y organizaciones se sumen en este proceso y reclamo;
  • Lograr el debate y la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina.

Fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día de Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y desde entonces tiene la capacidad y la fuerza de coordinar actividades simultáneamente en distintos puntos del país bajo la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Ese mismo año confluimos con una gran Marcha Federal realizada al Congreso de la Nación, en la que entregamos las cien mil recolectadas en el primer año de trabajo articulado.

Consideramos la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres, lo que quedó plasmado en el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado colectivamente en el año 2006, durante una plenaria nacional realizada en la ciudad de Rosario. El Proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2007 y en 2009. En marzo de 2010 se presentó nuevamente y cuenta con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques con representación parlamentaria en el Congreso Nacional.

A partir del trabajo sostenido en estos años, numerosos Consejos Directivos de distintas facultades y Consejos Superiores de universidades públicas nacionales han manifestado su adhesión para que el tema sea debatido en el Congreso, así como el apoyo al proyecto de ley y a las acciones de la Campaña. En abril de este año se publicó una solicitada intitulada: “Aborto legal, una deuda de la democracia”, la misma revela el amplísimo margen de adhesión que viene concitando el reclamo de esta Campaña Nacional. Fue publicada en dos diarios de tirada nacional y tuvo gran repercusión en numerosísimos medios de prensa, mostrándose así el avance que hemos tenido en la instalación del tema entre comunicadoras y comunicadores sociales que cada vez con mayor presencia y compromiso asumen el tratamiento de este reclamo.

En Argentina se calcula que alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, mostrando cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres. El aborto es parte de la cotidianeidad de medio millón de mujeres que año a año desoyen mandatos sobre sus cuerpos y sus vidas, trayendo al escenario público un tema crucial: la maternidad debe ser voluntaria, deseada, proyectada. Según cifras oficiales las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina (más adecuado resultaría hablar de muerte de mujeres gestantes pero mantenemos la designación muertes maternas al hacer referencia a estadísticas de organismos oficiales).

Desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 han muerto más 3000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros, así se expresa esta gran deuda de la democracia que constituye un gravísimo problema de salud pública. La mayoría de estas mujeres son jóvenes y empobrecidas, mostrando las desigualdades que atraviesa el problema del acceso al aborto cuando una mujer decide que no puede seguir adelante con un embarazo no deseado. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena y sin violencia: la prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituye una violación a los derechos humanos de las humanas.

Despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado; reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas; y aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo ya que éste es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano. Por esto exigimos que se debata y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por esta Campaña.

Para colaborar en este debate, instalar y estirar el reclamo socialmente es que organizamos acciones callejeras, juntamos firmas, marchamos, debatimos en talleres y seminarios, participamos de los Encuentros Nacionales de Mujeres, organizamos espacios de debate y festivales, armamos muestras fotográficas, participamos de audiencias públicas en el Congreso de la Nación, producimos materiales con nuestros argumentos, empapelamos ciudades, realizamos reuniones anuales, creamos comisiones de trabajo, activamos en los medios de comunicación, difundimos nuestras ideas en todos los lugares que podemos y portamos nuestros pañuelos verdes, símbolo de esta lucha en la que estamos embarcadas junto a amplios sectores de la sociedad y de la que podés ser parte. ¡Sumate!

Objetivos

Queremos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación que los sostienen.

Nuestro lema, así como nuestro trabajo de años es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales.

Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que busca asegurar el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.

Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales.

La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. No queremos ni una sola muerta más por abortos clandestino.

Queremos ampliar la democracia, garantizando este derecho a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población. Una democracia verdadera debe atender nuestra salud, proteger nuestra vida y habilitar nuestras decisiones frente al dilema de un embarazo no deseado.

Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión de las personas, incluso cuando esas decisiones se vinculan a la sexualidad o reproducción humana.

Proponemos una ley que autorice, y no que obligue.

Además de la legalización y despenalización del aborto exigimos:

La inmediata la reglamentación de la atención humanizada del post-aborto, y la atención en los servicios públicos de salud a mujeres y niñas que deciden abortar en los casos en que peligra su vida y su salud o ante situaciones de violación, que el artículo 86 del Código Penal Nacional ya exime de pena.

La aplicación efectiva en todo el país de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Cumplimiento del Compromiso para la Disminución de la Mortalidad Materna y el Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post-aborto.

Consideramos un avance el anteproyecto de Reforma del Código Penal, elaborado por la Comisión de Juristas convocada por el Ministerio de Justicia. Proponemos ampliar la participación en el debate e incidir en su discusión, para lograr que se incorporen nuestras propuestas y respeten nuestros derechos. Invitamos a opinar sobre la reforma del Código Penal en la consulta popular abierta en la web del Ministerio de Justicia, en apoyo de su tratamiento en el Congreso Nacional. Afirmamos un paradigma de ciudadanía que ya no puede darse el lujo de discriminar a las mujeres por su especificidad de género. Tomamos la despenalización propuesta por este anteproyecto como base para avanzar hacia los objetivos más ampliosexpresados en el lema de la campaña.