Foto: Angeline

Marianne Mollman (Foto: Angeline)

Presentación ante la Comisión de Legislación Panel, el 30 de noviembre de 2010

Señores y Señoras Diputados,

Mi nombre es Marianne Mollmann, y estoy acá en representación de la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch. Me permito dirigirme a esta Asamblea por invitación del Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina, el señor Juan Carlos Vega.
Ante todo, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación a este evento.

Es un placer y un honor poder contribuir de este modo, aunque sea de manera humilde, a un debate tan importante para las mujeres y niñas argentinas, y también para la integridad del Estado democrático argentino.

Tengo experiencia y pericia tanto teórica-legal como empírica en la materia. He investigado temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres desde hace más de una década. He realizado investigaciones de campo sobre el acceso al aborto en Argentina, México, Perú, Nicaragua, e Irlanda, publicando informes, artículos, y realizando análisis legales sobre el tema en estos y también, en otros países.

He contribuido a debates parlamentarios en la temática en México, Estados Unidos, Irlanda, Brasil, Perú, y ahora Argentina, y presentado amici curiae sobre los derechos humanos y el acceso al aborto legal en Argentina, Colombia, México, y Nicaragua.

Foto: Angeline

Marianne Mollman (Foto: Angeline)

Soy originaria de Dinamarca, poseo un Diploma de Ciencias Políticas desde la Universidad de Copenhague, una Maestría en Administración de Empresas de la Ecole des Affairs de Paris en Francia, y una segunda Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, en Inglaterra.

En mi experiencia, y a partir de las investigaciones que he realizado sobre este tema en Argentina, la penalización del aborto lleva a las mujeres a medidas desesperadas, como por ejemplo el intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil, o hasta con revólveres.

La penalización también permite que las “clínicas” de aborto clandestinas funcionen con poco respeto en cuanto a la salud y a la vida de las mujeres.

Cuando una mujer llega a un hospital público sufriendo hemorragias, infecciones, o lesiones causadas por un aborto inseguro que ponen en peligro su vida, a veces, los funcionarios de salud pública la menosprecian o le deniegan el tratamiento debido. Por miedo a ser procesadas legalmente, las mujeres evitan el cuidado necesario post-aborto, lo cual puede acarrear consecuencias perjudiciales para su salud.

La confusión y el temor a las consecuencias legales del aborto también impiden a las mujeres acceder a lo que ya es su derecho: un aborto no punible en los casos que establecen el Artículo 86 del Código Penal.

Muchos expertos con los que he hablado coinciden en que si bien el Código Penal no exige una autorización judicial para un aborto, la autorización judicial se ha convertido en un requisito de facto porque la mayoría de los médicos no llevaría a cabo el procedimiento sin la autorización de un juez. Esta situación ha resultado en retrasos en el acceso al aborto para, por ejemplo, adolescentes violadas y mujeres con discapacidades mentales.

Foto: Angeline

La Campaña afuera del Congreso (Foto: Angeline)

De hecho, mi experiencia de otros países -como por ejemplo México e Irlanda-, me demuestra que una penalización generalizada del aborto conlleva un nivel de estigma, miedo, y desinformación que imposibilita el acceso al aborto, hasta incluso para las mujeres y niñas para quienes el procedimiento ya queda despenalizado.

Hasta que se despenalice por completo el procedimiento, los lineamientos mejor implementados sobre el acceso al aborto en determinadas situaciones (violación, incesto, etc) no conducirán a un acceso equitativo y libre de obstáculos.

A esta altura es propicio resaltar que el sufrimiento que causa la penalización del aborto en este país se vive casi exclusivamente en los sectores pobres. De hecho, existe una clara desigualdad entre la situación de la mujer con recursos—que puede pagar por aborto ilegal en condiciones relativamente seguras y por lo tanto, disminuye sus riesgos de muerte—y la mujer sin recursos que no tiene esta opción que afronta importantes riesgos para su salud e incluso su vida para lograr ese mismo objetivo. Pero también en lo pequeño, el precio importa. He hablado con mujeres de sectores muy humildes que me comentaron que el precio de un aborto clandestino en su barrio dependía de si era con o sin antibióticos—una opción inconcebible si el aborto hubiera sido legal.

De hecho, la falta grave en cuanto a la reglamentación y a la responsabilidad médica en abortos que ya se están llevando a cabo en la Argentina, irrespectivamente de su ilegalidad, es una consecuencia negativa adicional de la clandestinidad..

Foto: Angeline

Durante la audiencia pública (Foto: Angeline)

El aborto ilegal no solamente tiene consecuencias graves para la salud o vida de mujer que se somete a un aborto. También – y como agregado- tiene efectos negativos para la sociedad. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas fueron provocadas por abortos inseguros. Y según las nuevas cifras sobre la mortalidad materna publicadas ayer en los diarios, en el 2009 la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto es del 28 por ciento.

Además de ser un tema que inspira compasión y empatía, la despenalización del aborto es un tema de derechos humanos. A lo largo de la última década se han observado cambios importantes en el consenso internacional sobre el vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

Estos cambios se evidencian claramente en el trabajo de los órganos de supervisión de la ONU, y en los documentos de consenso de varias conferencias mundiales relativas a los derechos de las mujeres, a la salud y a los derechos reproductivos.

A esta altura, interpretaciones autorizadas del derecho internacional reconocen que el acceso al aborto legal y seguro resulta esencial para un disfrute y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Los órganos de supervisión de los tratados internacionales de las Naciones Unidas, a través de interpretaciones mesuradas del derecho internacional, han expresado sus opiniones sobre el acceso al aborto y las restricciones al mismo de manera sistemática y exhaustiva. Estos órganos sostienen que ciertos derechos humanos firmemente establecidos se ven comprometidos por leyes y prácticas en materia de aborto que poseen carácter punitivo y restrictivo.

En marzo de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la legislación restrictiva del aborto en Argentina y emitió la siguiente recomendación, que procedo a citar:

“El Estado parte [es decir Argentina] debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.”

Esta recomendación fue emitida en relación con el derecho a la vida y al goce igualitario de todos los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna causada por un aborto, especialmente en los adolescentes, y por los prolongados procedimientos para la interrupción legal de un embarazo. En esta conexión el Comité recomendó varios pasos para la Argentina, citando:

1) Que “Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas;” y que

2) “Enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal”

Foto: Angeline

Afuera del Congreso (Foto: Angeline)

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupaciones similares, e instó a la Argentina, y cito nuevamente: “a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto, que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres.” Este comité además observó que Argentina “debe asegurarse de que… exista un acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir el embarazo.”

Estos mismos comités han emitidos docenas de recomendaciones de la misma índole a países con leyes similares a las de Argentina, sosteniendo que la penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos. Está claro que el acceso al aborto legal y seguro puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. También queda determinado que las decisiones de las mujeres en materia de aborto se encuentran relacionadas con los derechos humanos de las mujeres inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en Argentina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos humanos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas ha constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina.

El argumento en contra de la despenalización del aborto en general va emparejado con argumentos en contra de la anticoncepción moderna. Ambas nociones atentan contra los derechos de las mujeres y—en el último análisis—contra su salud o su vida. Independientemente de la coyuntura judicial y política, estos argumentos ameritan un severo análisis crítico, puesto que tienen efectos de vida o muerte para muchas mujeres argentinas.

La Campaña afuera del Congreso

La Campaña afuera del Congreso

Las cifras oficiales indican que 40 por ciento de los embarazos en Argentina terminan en abortos. Por lógica, esto quiere decir que cada uno de Ustedes en esta sala conoce a por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto.

Estoy segura de que esas mujeres y niñas—vuestras hermanas, hijas, esposas, madres, amigas—no se tomaron a la ligera la decisión de interrumpir su embarazo. Y estoy segura de que hubieran preferido no necesitar un aborto. Ninguna mujer se embaraza para poder abortar.

Hace ya más de veinte años que Argentina se unió a la comunidad internacional de estados democráticos después de una dictadura militar dolorosa, ratificando en ese momento varios de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes.

Hace más de diez años desde que se le dio estatus constitucional a estos tratados.

Es hora de tener un debate sobre la despenalización del aborto, y de tenerlo de manera seria, sobria, y democrática.
Yo sé por experiencia propia que no va a ser fácil. Lo sé porque desde que se dio a conocer que iba a presentar mi testimonio ante esta audiencia he recibido amenazas y hostigamiento por vía electrónica. Pero también sé que a pesar de algunos elementos anti-democráticos, la sociedad argentina está dispuesta y preparada para tener este debate.

Espero humildemente que mi testimonio contribuya a ese fin.

Notas relacionadas:

La Campaña En diciembre - 7 - 2010

1 Comentario hasta ahora.

  1. Gabriela Wuthrich dice:

    Pueden agregar al listado de radios FM ALAS 89.1 El Bolsón, Río Negro.
    Un saludo feminista desde la cordillera patagónica para todas!!

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